Ararteko pide a Bilbao, Getxo y Barakaldo información sobre las zonas de bajas emisiones

En total son seis los municipios vascos que deben regular dichas zonas
Ararteko pide a Bilbao, Getxo y Barakaldo información sobre las zonas de bajas emisiones
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El Ararteko ha solicitado a los seis municipios vascos de más de 50.000 habitantes –Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Getxo, Barakaldo e Irún– información sobre la creación de las zonas de bajas emisiones, tras iniciar una actuación de oficio como consecuencia de la información recabada de varias asociaciones ciudadanas dedicadas a la promoción de la movilidad sostenible.

En un comunicado, la Defensoría vasca ha explicado que esta actuación «ha puesto de manifiesto el retraso de algunos ayuntamientos vascos en la regulación de las zonas de bajas emisiones (ZBE)».

La ley preveía que ya estuviesen aprobados

Según ha recordado, la Ley de cambio climático y transición energética, aprobada por las Cortes Generales en 2021, prevé la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan aprobados, antes del comienzo del 2023, los correspondientes planes de movilidad urbana sostenible en su término municipal.

Asimismo, ha detallado que esa norma entiende por zona de baja emisión un ámbito territorial delimitado en cada municipio en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes, para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, ha indicado que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero «resulta clave en la lucha contra el cambio climático», según se desprende del Acuerdo de París, dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

El Ararteko plantea, así, analizar el estado de la tramitación de la regulación de las zonas de bajas emisiones, y aboga por que ésta se lleve a cabo «de manera pública y transparente, permitiendo una adecuada participación ciudadana y evaluando las consecuencias de los costes y beneficios, tanto económicos como sociales, que puedan llegar a producir las medidas».

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