El consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, se ha sumado al rechazo de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la sentencia que suspende el requisito sobre el conocimiento del euskera en unas oposiciones de una fundación pública guipuzcoana. Además, ha apelado a «reforzar los acuerdos y consensos» en defensa de las políticas lingüísticas desarrolladas en los últimos cuarenta años.
Zupiria, a su llegada al Parlamento Vasco, se ha referido a la sentencia sobre unas oposiciones de la Fundación Uliazpi, en la que establece que la Administración Pública «no puede exigir» el conocimiento del euskera a todos las personas.
El consejero se ha «sumado» al análisis en torno a esta sentencia que ha realizado la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha expresado su «rechazo rotundo» a esta resolución. El Ejecutivo guipuzcoano ha anunciado que recurrirá esta resolución para defender el derecho de los vascoparlantes a ejercer sus derechos lingüísticos al relacionarse con la Administración de la Comunidad Autónoma.
Zupiria ha explicado que el proceso de normalización del uso del euskera desarrollado en Euskadi «tiene como objetivo principal garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y los derechos que los hombres y mujeres que vivimos en esta comunidad tenemos para usar tanto el castellano como el euskera cuando nos relacionamos con las instituciones».
Criterios básicos
En este sentido, ha indicado que «al Gobierno Vasco le corresponde fijar los criterios básicos para la normalización del uso del euskera».
El consejero ha explicado que, a partir de ahí, «cada institución es competente para, de acuerdo a esos principios generales, establecer los planes de normalización» que le corresponden y para «fijar los perfiles lingüísticos que son necesarios».
Dos derechos en «conflicto»
Bingen Zupiria considera que la sentencia del TSJPV «merece un análisis jurídico profundo». «Es un tema serio que exige una reflexión serena», ha añadido.
El consejero ha recordado que el proceso de normalización del uso del euskera «es el resultado de políticas lingüísticas acordadas y pactadas durante 40 años entre fuerzas políticas diferentes». A su juicio, este ese «un buen momento para reforzar esos acuerdos y consensos, y para dar los pasos que haya que dar en adelante».
