El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley del Instituto Vasco de Finanzas que, entre otros asuntos, permitirá ampliar el ámbito de actuación de este órgano para poder dar cobertura a aquellas actuaciones que las empresas de Euskadi lleven a cabo con el objetivo de ampliar mercados fuera del territorio.
El grueso de la norma ha sido aprobado con el apoyo de los grupos en el Gobierno, PNV y PSE, y de Elkarrekin Podemos-IU, la abstención de EH Bildu, y el voto en contra de PP, Vox y Cs.
El Gobierno Vasco ha recordado que han transcurrido cerca de catorce años desde la creación y puesta en marcha del Instituto Vasco de Finanzas, por lo que se considerado «necesario y oportuno» contar con una normativa reguladora específica del mismo, que adapte su regulación a la nueva realidad económica y normativa de Euskadi.
La nueva ley establece el papel que debe asumir el citado ente como instrumento de la política financiera del Gobierno Vasco, sobre la base de las conclusiones alcanzadas tras los distintos estudios y reflexiones realizadas por el Ejecutivo en materia de estructuración de la política financiera y de crédito público de Euskadi.
En este sentido, con la implantación del nuevo modelo de ordenación financiera, el IVF va a ostentar las participaciones financieras del Gobierno en los diversos fondos y sociedades; gestionará los instrumentos financieros ligados a políticas de promoción económica del Gobierno Vasco (anticipos reembolsables, crédito a la exportación, Sendotu, Aurrera); y concentrará su actividad crediticia en operaciones de entre 2 y 5 millones de euros, siguiendo estrategias de coinversión con las entidades financieras.
Por ello, establece que el Instituto Vasco de Finanzas «debe desempeñar un papel nuclear, siendo la entidad clave que ponga en marcha y ejecute las actuaciones planteadas para la consecución de los objetivos expuestos».
A estos efectos, señala que deberá desarrollar sus funciones tanto en el ámbito de riesgos financieros, como en lo que respecta a la coordinación del sistema en aspectos técnicos, incluyendo la gestión de programas existentes, el desarrollo y la gestión de nuevas líneas con los distintos departamentos del Gobierno Vasco, la concentración de las participaciones y la centralización de la función de coordinación.
Por otro lado, la ley establece que la intervención del Instituto Vasco de Finanzas se centrará en ámbitos «de mayor valor añadido para el desarrollo económico vasco».
FUERA DE EUSKADI
Además, se tienen en consideración nuevas funciones del IVF como la modificación del ámbito territorial, previendo que con el objetivo de expansión e internacionalización se podrá extender el ámbito de actuación fuera de Euskadi para empresas que tengan su domicilio social y fiscal en Euskadi. También se podrá conceder financiación a personas físicas en el marco de políticas sectoriales del Gobierno Vasco.
Junto a ello, contempla la participación en empresas no financieras para su fomento y arraigo, así como la participación en entidades de inversión colectiva y fundaciones que faciliten la financiación de las empresas no financieras, en partículas las SGR y establecimientos financieros de crédito y entidades que actúan en mercados financieros o similares.
La norma detalla que se pueden realizar aportaciones y participar en la gestión y en los órganos de gobierno de entidades de inversión colectiva y entidades o fondos de capital riesgo.
También se introduce dentro de las funciones del IVF poder constituir sociedades para agrupar las participaciones financieras y patrimoniales de la Comunidad Autónoma Vasca en los sectores o ámbitos económicos que el Gobierno Vasco entienda «preferente».
La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo ha defendido que «en sectores especialmente estratégicos es fundamental asegurar la participación pública» pero cree que «todas las potencialidades del IVF no se van a desarrollar a través de esta ley» y las iniciativas contenidas en este proyecto de ley, aunque suponen un avance, resultan insuficientes para hacer frente a las complejas necesidades de financiación actuales».
«MÁS AMBICIOSA»
Por ello, ha anunciado la abstención de su grupo porque considera que la ley «ofrecía una oportunidad única para extender las funciones del IVF para que fuera un instrumento más potente desde una perspectiva de desarrollo de país» y ser «más ambicioso, realizando por ejemplo, los estudios necesarios para ver las posibilidades, medios y ejecución que requeriría la creación de un Banco Público Vasco».
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha calificado de «positiva» la norma aunque a su grupo le hubiese gustado «ir más allá en ciertos aspectos», aunque ha reconocido que «estamos limitados por la normativa europea para determinadas cuestiones». Asimismo, ha señalado que gracias a las «mejoras» que contempla la ley, las ayudas que se aprobaron a las empresas durante la pandemia, «se habrían hecho con mayor seguridad jurídica».
«Creemos que incluso hasta para enfrentarnos a situaciones que puedan darse en el futuro, permite al Gobierno tener un instrumento adaptado a esas realidades», ha señalado.
El parlamentario del PP Luis Gordillo ha anunciado el voto en contra de la ley porque «no cumple con los requisitos que en opinión del PP debe cumplir una entidad que va a tener funciones tan importantes, que va a administrar un presupuesto tan importante, y que puede condicionar bastante la economía vasca».
Además, ha criticado que se incluye «un artículo que permite, mediante decreto, cambiar prácticamente todo lo que tiene que ver con el IVF». «Esto es lo que se llama técnicamente una deslegalización en toda regla», ha subrayado.
«PROCESO DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL»
El parlamentario de Cs Jose Manuel Gil ha recordado que presentó una enmienda de totalidad a esta ley –que fue rechazada el pasado mes de noviembre– y ha denunciado que con esta ley «se ponen las bases» para «ir avanzando hacia la creación de un banco público» otra «estructura de Estado en este proceso de construcción nacional imparable que se traen ustedes entre manos ya desde hace muchos años». «Con nuestro voto en contra, se aprobará una ley que no va dirigida a mejorar Euskadi, sino a asegurar y potenciar su proyecto nacionalista», ha insistido.
Desde los grupos en el Gobierno, Alaitz Zabala (PNV) ha explicado que esta ley «promoverá e implantará una actividad financiera acorde con las directrices del Gobierno Vasco» y también «permitirá ofrecer nuevas oportunidades de financiación a las empresas que quieran ampliar su mercado fuera del territorio de Euskadi».
Susana Corcuera (PSE) ha destacado que esta iniciativa legislativa «coadyuva a mantener actualizado el ordenamiento jurídico de Euskadi en materia económico-financiera, con el fin de disponer de una regulación eficaz, moderna, estable y transparente de las materias propias de la Hacienda General del País Vasco».
