El Ministerio Fiscal ha retirado la acusación por malversación para tres de los cuatro procesados por el cobro de una subvención de la Diputación Foral de Bizkaia para unas obras que no se ejecutaron en Alonsotegi, pero mantiene las acusaciones por prevaricación en grado de colaboración, falsedad documental y fraude, por lo que solicita 3 años y seis meses de pena, mientras que para una cuarta encausada pide la absolución.
De esta manera, el fiscal del primer juicio que se ha celebrado este martes en la sección sexta de Audiencia Provincial de Bizkaia por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi ha modificado sus conclusiones y sus peticiones de pena para el arquitecto y dos representantes de la empresa Laneder, de forma que retira su acusación por malversación, pero pide tres años y seis meses por falsedad documental, prevaricación en grado de colaboración y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras que no se ejecutaron.
Por su parte, para otra de las acusadas, que en la fecha de los hechos denunciados prestaba servicios al Ayuntamiento de Alonsotegi como arquitecta asesora municipal con un contrato menor de servicios para la asistencia técnica, ha retirado todas las acusaciones y pide en su informe final la absolución.
Testigos
En el juicio de este martes ha declarado como testigo el actual alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que, en el momento de los hechos que se juzgan, en febrero de 2012, era diputado de Presidencia en la Diputación foral de Bizkaia. El regidor bilbaíno ha asegurado que no recuerda haber firmado «esa subvención en concreto», porque «cada semana firmaba cientos de órdenes forales», aunque ha reconocido su firma en la orden foral.
Juan Mari Aburto ha afirmado que entiende que «se realizó conforme al procedimiento establecido, ya que si normalmente los expedientes tienen la firma de los responsables correspondientes, tienen habilitación suficiente para firmar las órdenes forales».
El alcalde tampoco recuerda si se reunió con Erezuma ni con los acusados. Además, ha puntualizado que, desde que se produjo la firma del expediente, no lo ha visto.
También han declarado tres concejales de EH Bildu que tras tener conocimiento de «irregularidades» en la gestión municipal y de una situación «anómala» en el Consistorio solicitaron informes técnicos al Ayuntamiento y pudieron constatar que las obras por las que se recibió la subvención de 600.000 euros de la Diputación no se ejecutaron, aunque no hicieron gestiones para comprobar si los daños se produjeron realmente.
Responsabilidad civil
Por otro lado, la Fiscalía reclama el abono, conjunta y solidariamente, de 600.000 euros a la Diputación Foral de Bizkaia y otros 63.277,36 euros al Ayuntamiento de Alonsotegi, en concepto de responsabilidad civil, petición a la que se suma la acusación que representa a la institución foral.
Desde la acusación popular ejercida por EH Bildu, que mantiene la acusación de malversación «continuada», se considera probado que existió perjuicio para el Ayuntamiento de Alonsotegi, que recibió una subvención «finalista», es decir, para los tres proyectos presentados, pero «se queda sin hacer las obras» porque está «acreditado» que no se llevaron a cabo.
Por su parte, la defensa mantiene que «no se entiende el perjuicio para el Ayuntamiento, que no ha devuelto nada y que con dinero ajeno de la Diputación se ha quitado 681.000 euros de deuda que tenía contraída» y rechaza el delito de malversación porque «se piden subvenciones para obras y se pagan para obras, no hay alteración sustancial del fin de la subvención», ya que se ha destinado «a un fin público».
