La reforma Constitucional ha dado su primer paso en el Senado, tras el apoyo de los senadores en la Comisión Constitucional. Se encuentra a la espera de su aprobación definitiva este jueves.
Así, la Cámara Alta, con 31 votos a favor y ninguna abstención ni ningún voto en contra, ha declarado dictaminada la propuesta, que, como no se han registrado modificaciones, se llevará a Pleno este jueves para sustituir el término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’ en el artículo 49 de la Constitución. Una reforma constitucional exigiría a su aprobación una mayoría cualificada de tres quintos, 18 votos.
La semana pasada, el Congreso aprobó la proposición de reforma por 312 votos a favor, y 32 en contra, los de Vox, que en la toma de consideración se abstuvieron. Este miércoles, la formación de Santiago Abascal, que forma parte del Grupo Mixto, no ha participado en la Comisión, ya que esta pertenece a UPN .
Una reforma impulsada en 2018
Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto «más acorde a los nuevos tiempos».
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
Así, pretende cambiar la redacción a «las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas». «Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio», se añade.
Plena autonomía personal
Además, en el segundo punto constará: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
