Los agricultores vascos y navarros han exigido al Gobierno de España «mejorar y endurecer» la Ley de Cadena Alimentaria, «implementando una serie de estudios de costes de producción, con carácter trimestral y ajustado a la realidad de cada territorio», así como «impulsar una ley de Agricultura Familiar que proteja el sistema productivo de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias».
Las organizaciones sindicales de Euskadi y Nafarroa (EHNE-Gipuzkoa, EHNE-Nafarroa, ENBA-Bizkaia, ENBA-Gipuzkoa y UAGA) han aprovechado la celebración de la VIII Conferencia Mundial de Agricultura Familiar, que se celebra en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, organizada por el Foro Rural Mundial, para llevar a cabo una jornada de movilización y tractoradas por la capital alavesa.
El sector agrario ha trasladado una docena de reivindicaciones al Gobierno central, con el propósito de «apoyar la agricultura familiar». En este sentido, han demandado mejoras en la Ley de Cadena Alimentaria, para que «recoja los costes de producción del conjunto de la cadena, ampliando el foco a la faceta transformadora-industrial y a la faceta comercial-distribución».
Asimismo, han solicitado «aumentar el número de inspecciones sobre la existencia de contratos de compraventa en todos los productos, el cumplimiento de los plazos de pago en los productos frescos y erradicar la práctica de aplicar descuentos injustificados y sin base objetiva, por parte de algunas cadenas de distribución a productores y PYMEs agroalimentarias».
Dentro de este apartado, también han pedido «preservar el patrimonio vitivinícola y promover el relevo generacional». «Solo así podremos asegurar la viabilidad económica y cultural de nuestro territorio, defendiendo el derecho de los trabajadores a vivir dignamente del fruto de su labor. Dando así futuro al territorio y a poder vivir dignamente en él», han expuesto.
Agricultura familiar
Por otra parte, el sector agrario vasco ha demandado al Gobierno estatal «impulsar una Ley de Agricultura Familiar, respetuosa con los diferentes territorios, que proteja el sistema productivo de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, tan habituales en Euskadi y Navarra como en el resto de la Cornisa Cantábrica».
«Una regulación que ampare el modelo de agricultura familiar que aúna la faceta productiva y económica con las facetas medioambientales y sociales, al estar diseminada por todo el territorio y ser una garantía para el mantenimiento del tejido rural de amplios territorios», ha expresado.
Los sindicatos agrarios han reivindicado la «eliminación de la BCAM 10, que regula el estiércol y purines», integrada en la condicionalidad reforzada de la nueva PAC para el periodo 2023-2027, «garantizando la aplicación de purines con cañón o manguera y el apilamiento de fiemo durante el tiempo necesario (hasta un año), reconociendo la dificultad inherente a la condición de territorio montañoso y de abundantes praderas».
«La BCAM 10, es una nueva BCAM, de carácter estatal, que no está incluida en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la nueva PAC, por lo que es competencia y potestad exclusiva del Gobierno Central su eliminación», han explicado.
«Consideramos coherente nuestra propuesta dado que Euskadi y norte de Navarra, al igual que el conjunto de la Cornisa Cantábrica, es la región que mejor calidad del agua tiene de todo el estado. Las zonas sensibles o contaminadas por nitratos y fosfatos en el estado español se sitúan en comarcas con ganadería intensiva, lejos del modelo de producción de nuestro territorio», han argumentado, al respecto.
Por otro lado, los agricultores han demandado «no ubicar las energías renovables en terrenos con Categoría Agroganadera de Alto Valor Estratégico, ante el suelo de uso agrícola y ganadero, así como en terrenos maquinables de pendiente ligera». «Se debe priorizar la ubicación de estas infraestructuras en suelos improductivos o cubiertas de edificios, de forma que la actividad que produce alimentos no se vea afectada. Pedimos protección de tierra agrícola», han solicitado.
Maraña normativa
Además, han reclamado «la simplificación de toda la maraña normativa«, aprobada en los últimos años dentro del ámbito de la sanidad y bienestar animal «que no hacen más que incrementar la carga burocrática a los productores, especialmente a la ganadería familiar».
En este sentido, han demandado «eliminar las fotos georreferenciadas en el sistema de las ayudas directas PAC, incrementar hasta los 3.000 euros el umbral para que el perceptor sea considerado pequeño agricultor y eximir del control de la condicionalidad a las explotaciones menores de 10 hectáreas», así como «instaurar el carácter voluntario en la aplicación del cuaderno digital, frente a la obligatoriedad plasmada en la actual normativa».
Los sindicatos agrarios han abogado por «simplicar al máximo todos los eco-regímenes, ya que algo que parecía inamovible hace pocos meses, se ve que tienen margen de maniobra para adaptarlas y flexibilizarlas». «Abogamos por el mantenimiento de las buenas prácticas que ya se realizan, pastoreo extensivo y siega sostenible, flexibilizando su aplicación y adaptándolas a las practicas ganaderas y habituales en nuestro territorio y que tan buenos resultados medioambientales ha obtenido en las últimas décadas», han añadido.
Asimismo, han respaldado sacar al lobo del listado LESPRE, «a la luz de los nuevos datos recogidos en los últimos informes de población y en línea con la nueva estrategia impulsada por la Comisión Europea encaminada a reducir la protección de Especial Protección a simplemente Protegido por lo que, es más necesario que nunca, revertir la decisión aprobada en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente».
«Reclamamos la inmediata transferencia de la competencia de seguros agrarios a los Gobiernos Vasco y al Gobierno de Navarra por tener la competencia de agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía, como la mejor vía para adaptar las características del seguro a nuestras producciones y a nuestra peculiar política de marcas de calidad», han agregado.
Competencia desleal
El sector primario vasco y navarro ha exigido «priorizar y poner en valor el producto local» y «paralizar los acuerdos de libre comercio internacional con terceros países que abren las puertas a una competencia desleal».
Por otra parte, los sindicatos han explicado que los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios provenientes del antiguo Régimen Especial Agrario «no pudieron optar a subirse la base de cotización hasta el año 2004″, habiendo cotizado hasta entonces por unas bases inferiores a las mínimas fijadas para los autónomos».
Por ello, han solicitado que «directamente se fije su pensión en un mínimo, como el resto de sectores, y se recalcule como si los años anteriores a 2004 que se tienen en cuenta para el cálculo, hubieran tenido la base a la que optaron en ese año».
«Pedimos que se establezca un complemento a la pensión por cada año de cotización entero que se supere a partir de los cuarenta años cotizados», han agregado.
Los agricultores han llevado a cabo varias tractoradas por la capital alavesa, con concentraciones frente al Palacio de Congresos Europa y la sede de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, donde, a las 13.00 horas, tienen previsto reunirse con la nueva delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, para trasladarle todas sus reivindicaciones.
