El Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado las «malas prácticas» del grupo empresarial que ha dejado en vulnerabilidad a alumnado, familias y profesorado del colegio Scientia San Pedro. Ha instado al Departamento de Educación a garantizar el derecho a la educación de los afectados.
Retirada del concierto educativo
El pleno ha abordado la situación tras la decisión del Gobierno Vasco de rescindir en diciembre el concierto educativo por irregularidades. Todos los alumnos, del centro adquirido en 2022 por Scientia Bilbao, S.L., dependiente de Scientia School S.A., propiedad del fondo de inversión Atlas Holdings, han sido reubicados en otros colegios.
Desde el PP, el concejal Esteban Goti ha calificado la gestión del grupo empresarial como un «mal precedente» para la educación en Bilbao. Ha pedido a la Consejería de Educación que medie en el «vacío laboral» de docentes y empleados del centro.
Críticas a la gestión y exigencia de inspección
La concejala de EH Bildu, Nerea Undabarrena, ha denunciado que la gestión privada ha llevado a la quiebra del colegio. Han acumulado deudas con proveedores y trabajadores. Ha exigido inspecciones permanentes de los conciertos educativos para evitar que empresas privadas se beneficien de dinero público sin control.
Además, ha recordado que su grupo en el Parlamento Vasco ha pedido explicaciones a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, sobre las irregularidades detectadas y el futuro del personal docente.
Elkarrekin Bilbao señala a los responsables
La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha criticado que el fondo de inversión priorice el beneficio económico sobre la calidad educativa. Ha recordado que el colegio, aunque privado, era concertado y recibía financiación pública, por lo que la situación también es responsabilidad del Departamento de Educación.
Compromiso del Ayuntamiento con los afectados
Desde el equipo de Gobierno, la concejala de Educación, Eider Bilbao, ha condenado la actuación de la empresa propietaria y ha mostrado su apoyo a los 218 alumnos reubicados y los más de 30 trabajadores en incertidumbre laboral.
El pleno ha coincidido en la necesidad de garantizar que el edificio del colegio mantenga su uso educativo y no sea objeto de especulación.
