La plataforma Justizia Aranarentzat ha denunciado este miércoles frente al Palacio de Justicia de Bilbao la “actuación violenta” de la Ertzaintza durante el desalojo del gaztetxe Etxarri, en el barrio bilbaíno de Rekalde, el pasado 3 de abril. Durante esa intervención, el joven Iker Arana, vecino de Irala, perdió un testículo tras recibir el impacto de una pelota de foam.
Arana denuncia que el disparo fue intencionado
El propio Iker Arana participó en el acto y leyó, junto a un integrante de la plataforma, un comunicado en euskera y castellano. En su intervención, denunció que el disparo que le hirió fue «intencionado y dirigido directamente a la entrepierna», en un contexto «de concentración pacífica» sin disturbios ni altercados. Según su relato, la Ertzaintza disparó “sin motivo alguno” a un grupo de entre 20 y 30 personas, y cuando algunos protestaron, volvieron a disparar. El segundo disparo fue el que le alcanzó.
Críticas por la falta de transparencia en la investigación
La plataforma ha denunciado que la investigación para identificar al agente autor del disparo ha sido “lenta, opaca y deliberadamente obstaculizada”. Aunque había 35 cámaras policiales grabando, «ninguna ha aportado pruebas concluyentes»: algunas estaban apagadas, otras grababan borrosas o apuntaban a otro lado. Finalmente, el agente fue identificado tres meses después, gracias, sobre todo, a imágenes recopiladas por vecinos y amistades del herido.
Acusaciones de impunidad y encubrimiento
Justizia Aranarentzat sostiene que existen indicios claros de que el disparo se realizó “de forma directa y sin que mediara ninguna situación de riesgo”. Además, denuncian que los agentes actuaron con “impunidad”, ocultando pruebas y protegiéndose entre ellos. La plataforma considera que se está ante un “patrón de brutalidad policial” y de “represión sistemática” por parte de la Brigada Móvil de la Ertzaintza, cuya disolución reclaman.
Medidas urgentes: prohibir las balas de foam y exigir identificación policial
Entre las medidas que propone la plataforma para evitar que se repitan hechos similares, destacan:
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La prohibición del uso de escopetas y balas de foam.
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La identificación obligatoria de todos los agentes y mandos policiales durante cualquier intervención.
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La disolución de la Brigada Móvil, a la que acusan de estar especializada en reprimir la movilización social.
Finalmente, la plataforma ha reiterado su compromiso de seguir luchando por la verdad y la justicia, y ha exigido que todos los responsables de la actuación policial comparezcan ante los tribunales.
