El sindicato de la Policía Vasca, ErNE, ha enviado un escrito a la Directora de la Ertzaintza en el que reclama el cese inmediato del Jefe del cuerpo autonómico, Josu Bujanda, y del responsable de la División de Protección Ciudadana, Alfonso Garaikoetxea, como consecuencia del «deficiente operativo» desplegado durante la visita de la Falange a Vitoria-Gasteiz este pasado domingo, que desembocó en «una batalla campal con grupos de jóvenes radicales«.
A través de un comunicado, el sindicato critica duramente la planificación del dispositivo, calificándolo como «una vez más, ridículo y alejado por completo de los estándares que debe cumplir una intervención policial efectiva, proporcionada y centrada en garantizar la seguridad ciudadana».
Según ErNE, «la imagen proyectada ante la sociedad y el riesgo innecesario asumido tanto por los agentes como por los propios ciudadanos son responsabilidad directa de quienes desde hace años lideran la planificación operativa del cuerpo». Consideran que este nuevo incidente «es solo otro ejemplo más del agotamiento y la ineficacia de una gestión que hace tiempo dejó de responder a las necesidades reales del servicio».
Críticas por la falta de actualización táctica
El sindicato señala que los altos mandos cuya destitución solicitan «acumulan numerosos errores de previsión, muestran una preocupante falta de actualización táctica y están desconectados de la realidad operativa en la calle». A su juicio, su permanencia en los puestos de responsabilidad representa «un obstáculo insostenible para el desarrollo y la dignificación de la Ertzaintza».
ErNE reclama también una modernización urgente de los recursos materiales y técnicos, y exige que se abandone una gestión marcada «por el miedo y los complejos», apostando en su lugar por un modelo policial «moderno, eficaz y que devuelva a la Ertzaintza el liderazgo operativo que nunca debió perder».
Por último, el sindicato, con el respaldo de su afiliación, ha reafirmado su compromiso con «una Policía Vasca digna, profesional y protegida«, y ha advertido que no permitirá más decisiones que comprometan la imagen del cuerpo, la seguridad de la ciudadanía o la integridad física de los agentes.
