El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso–, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
El fallo no ha sido por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados –Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela– y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.
De hecho, Polo era la magistrada ponente, esto es, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha llevado a que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, quien asuma esta función.
Una semana
El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.
El fallo se ha adelantado este jueves, comunicándoselo a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.
Solo se conoce un párrafo, el del fallo: «Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años».
A ello suma la responsabilidad civil para González Amador en concepto de daños morales en la cuantía de 10.000 euros, lejos de los 300.000 euros que reclamaba la acusación particular; y las costas procesales.
LAS ACUSACIONES PEDÍAN HASTA 6 AÑOS DE CÁRCEL Y 12 DE INHABILITACIÓN
Para dictar su fallo, los magistrados se han regido por las peticiones efectuadas durante el juicio. Por un lado, las que reclamaban una sentencia condenatoria: la acusación particular que ejerce González Amador y las seis acusaciones populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y la acusación popular unificada que lidera la Fundación Foro Libertad y Alternativa –que incluye a Vox y Hazte Oír–. Y por el otro, las que pedían la absolución: la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz.
Las acusaciones presentaron un abanico de opciones de cara a una condena: delito de revelación de secretos, de violación de secretos, de prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos.
El abogado de González Amador pidió que se condenara a García Ortiz a 4 años de cárcel y 3 años de inhabilitación y suspensión de empleo por un presunto delito de revelación de secretos. También reclamó una multa de 108.000 euros y otros 300.000 euros en concepto de daños morales.
El novio de Díaz Ayuso no planteó responsabilidad civil subsidiaria para que el Estado respondiera económicamente en caso de que el fiscal general no lo hiciese. Según explicó en su escrito, lo hizo «bajo la convicción» de que «el conjunto de los españoles» no deben «responder patrimonialmente de ninguna forma (…) de las actuaciones delictivas protagonizadas por García Ortiz».
La APIF es la acusación que propuso la condena más alta: 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación. En su caso no pidió responsabilidad civil «al entender que corresponde en exclusiva a la víctima».
Inhabilitación
Por su parte, el ICAM reclamó al Supremo que condenase al fiscal general por un delito de revelación de secretos a 4 años de cárcel, 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación, y que le impusiese una multa de 81.000 euros.
En cuanto a la acusación popular unificada, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír plantearon una condena de 4 años de cárcel y 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación.
Manos Limpias rebajó en el juicio su petición de prisión, de 4 a 3 años, al tener en cuenta que se filtraron a los medios «hechos relativos al proceso» y «datos personales» del fiscal general. Además, planteó que, en caso de que no se condenase a García Ortiz por violación de secretos, se le impusiera una pena de 2 años de prisión e inhabilitación por el mismo delito. Como tercera opción, propuso una pena de 2 años de inhabilitación y multa de 108.000 euros.
