Bajan los presupuestos para la ayuda humanitaria y crecen para la industria militar y de defensa. Así se resume lo indicado por la Coordinadora de ONGD de Euskadi durante la presentación del informe de los Presupuestos de las Instituciones de 2026 tras dos años desde la aprobación de la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad en 2024. Además, han defendido un «No a la guerra» y han señalado al Gobierno vasco por su «dejadez» en relación con la ley.
Una enmienda que ha cambiado la ley
La ley que se aprobó en 2024 no es la misma hoy en día. Sonia González Martín, vicepresidenta de la coordinadora, ha recordado que la normativa se modificó el pasado diciembre para permitir «al sector público vasco colaborar económicamente con las empresas que produzcan, comercialicen o financien armamento o tecnología militar, siempre que se encuadre en la Estrategia Europea de Seguridad». Un cambio que se escondió en la aprobación de los presupuestos de Euskadi y que tienen el objetivo de «salvar 325 millones de euros en inversiones de posible uso militar«.
Dentro de la ola de recortes
El creciente ritmo político autoritario en el que han entrado distintos países del mundo no se ha dado en Euskadi, que ha actuado como «dique de contención» ante la «ola antidemocrática y antiderechos». Sin embargo, desde la coordinadora han lamentado que la «ola de recortes» que se inició con el desmantelamiento de la USAID en 2025 se expande por Europa. Y eso sí se ha visto en las instituciones vascas.
De acuerdo con lo dispuesto en la XXV Asamblea General de Naciones Unidas, en 1970 se decidió destinar un 0,7% del Prodcuto Nacional Bruto (PNB) como Ayuda Oficial al Desarrollo. Y la lucha de las ONGD de Euskadi ha sido mantener esa cifra a través de la administración vasca. La coordinadora se ha marcado el objetivo de trabajar con las instituciones para alcanzar en los presupuestos de 2027 dicho 0,7%. Para ello, reclaman «acuerdos amplios, compromisos claros y una apuesta firme por la cooperación y la solidaridad» por partes de las fuerzas políticas, ha indicado Susana Piera Moreno, tesorera de la Coordinadora y técnica de Mugarik Gabe.
Sin embargo, los datos actuales indican un largo camino que recorrer para alcanzar los 0,7 puntos. Tanto que el informe presentado para 2026 situa los presupuestos dedicados a Ayuda Oficial al Desarrollo en el 0,35% promedio aportado entre las administraciones públicas vascas. Una cifra 0,02 puntos menor respecto a los 0,37 de 2025. Pero el descenso pone en el foco el Ejecutivo vasco que ha reducido su partida en 0,04 puntos (de 0,35 a 0,31), lo que se traduce en un recorte de 2,5 millones de euros. De igual manera, la Diputación Foral de Bizkaia también ha bajado 0,01 puntos su aportación hasta los 0,42.
Aumenta el presupuesto desde Donostia y Vitoria-Gasteiz
Pero por el otro lado contrasta el incremento monetario del resto de administraciones públicas vascas. Así la Diputación Foral de Araba y la de Gipuzkoa lo han aumentado un 0,15 y 0,02 respectivamene. Y en la misma línea han actuado los ayuntamientos de Donostia y de Vitoria-Gasteiz, con 0,08 y 0,03 puntos más. Mientras que el ayuntamiento de Bilbao no muestra ninguna variación y se mantiene en el mismo nivel. A través de las instituciones que han sumado, el presupuesto ha crecido en 3,3 millones de euros.
Según el ‘Informe del Sector 2025’, la Coordinadora vasca está formada por 83 ONGD con una base social de 117.586 personas, entre socias, voluntarias, donantes o personal técnico, que es «estable con una ligera subida». Estas entidades trabajan en 909 proyectos de cooperación internacional en 69 países en áreas como salud, nutricición, educación, provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, protección infantil, empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, o defensa de los derechos humanos.
