El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la concesión del tercer grado al preso de ETA Jon Bienzobas, al considerar que se trata de “un nuevo fraude” en la ejecución de las condenas a reclusos de la organización terrorista.
Según el colectivo, esta decisión confirma que el Gobierno Vasco está consolidando una política penitenciaria que, a su juicio, facilita la semilibertad de los presos “con una apariencia formal de legalidad”.
Covite advierte además de que muchos terceros grados acaban convirtiéndose en una “libertad casi total”, lo que consideran una distorsión del espíritu de la ley.
Cartas privadas como prueba de arrepentimiento
La resolución penitenciaria señala que el tercer grado se ha concedido en aplicación del artículo 83, valorando factores como la buena conducta del interno, una oferta laboral y una carta en la que el preso expresa sentirse responsable del daño causado y su voluntad de contribuir a la convivencia.
Sin embargo, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha cuestionado la validez de este tipo de documentos. Ordóñez ha denunciado que “se cumple la ley en la forma, pero se traiciona su espíritu”, al basarse la concesión en cartas privadas que, según el colectivo, no garantizan un arrepentimiento real ni verificable.
El debate sobre los artículos 83 y 86
Covite también ha criticado la falta de transparencia en la gestión de los terceros grados. Según explica, las resoluciones notificadas a las asociaciones de víctimas mencionan habitualmente el artículo 83, que permite al interno salir de prisión durante el día por trabajo o formación, pero obliga a regresar al centro penitenciario para dormir.
No obstante, el colectivo asegura haber comprobado a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que hasta el 90% de esos terceros grados se ejecutan posteriormente bajo el artículo 86, un régimen más flexible que permite al preso permanecer en la calle con pulsera telemática y sin pernoctar en prisión.
Para Covite, esta práctica supone un “engaño intolerable”, al no informarse del cambio de modalidad que acerca la situación del recluso a una libertad condicional.
Covite señala a la Fiscalía de la Audiencia Nacional
El colectivo ha responsabilizado también a la Audiencia Nacional y, en particular, a su Fiscalía por no recurrir con mayor frecuencia estas decisiones penitenciarias.
Según Covite, la Fiscalía de la Audiencia Nacional es la única institución que puede impugnar estos terceros grados durante la fase de ejecución de las condenas, ya que las víctimas no pueden personarse en ese proceso.
Por ello, la asociación ha pedido que se recurra el tercer grado concedido a Jon Bienzobas, con el objetivo de evitar lo que califican como una “amnistía encubierta” y defender el derecho de las víctimas a la justicia.
