El sindicato ELA rechaza la dirección de la política fiscal en el País Vasco, denunciando lo que considera una sumisión absoluta de las instituciones públicas hacia las élites empresariales. A través de su secretario general, Mitxel Lakuntza, y el responsable del Gabinete de Estudios, Aitor Murgia, la central sindical ha reclamado un giro radical e inmediato en la gestión de los impuestos para frenar el desmantelamiento del estado de bienestar y defender unos servicios públicos asfixiados.
El sindicato ELA rechaza el nuevo paquete de medidas fiscales presentado por la Diputación Foral de Bizkaia. Denuncian que la normativa está diseñada para otorgar «privilegios fiscales» a las empresas y a las grandes fortunas mediante la reducción de impuestos a las transmisiones empresariales, exenciones en las ganancias patrimoniales y ventajas excesivas para atraer trabajadores extranjeros de alta cualificación. Asimismo, censuran la deducción fiscal para la contratación de seguros médicos privados, considerándolo una subvención directa con dinero público a las clínicas privadas en pleno declive de la sanidad pública.
«Estrecha alianza entre el poder político y las grandes empresas».
Según ELA, el procedimiento responde a una «estrecha alianza entre el poder político y las grandes empresas». El sindicato afirma que la patronal vizcaína demandó estas medidas hace apenas un mes y ahora las aplaude, evidenciando que «la patronal marca la política fiscal del PNV».
La denuncia se produce tras la presentación de las medidas por parte de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y su posterior viaje a Madrid para exponer estas ventajas ante multinacionales y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien calificó el modelo vizcaíno como «un ejemplo a seguir». El sindicato alerta de que este debate llega justo cuando ya se empieza a hablar de una «moderación del gasto público» de cara a los presupuestos de 2027, lo cual califican de intolerable mientras se reduce la recaudación.
Para ELA, la «tragedia» actual radica en que ningún partido político ni institución está empujando en la dirección de utilizar la fiscalidad para redistribuir la riqueza, limitándose a obedecer los dictados de una patronal que genera ciudadanos de primera y de segunda clase.
Los datos desglosados por el Gabinete de Estudios de ELA sostienen que el sistema actual es profundamente injusto, desigual y deficitario:
- Déficit de recaudación: Las instituciones de la CAPV recaudan 7.500 millones de euros menos que la media europea.
- Asfixia de los trabajadores: El 75% de la recaudación fiscal total recae sobre las espaldas de la clase trabajadora a través del IRPF y el IVA. Entre 2018 y 2025, lo ingresado por las rentas de trabajo subió un 51% y el IVA un 35%.
- El desplome empresarial: Mientras las empresas han duplicado sus beneficios históricos, su aportación a las arcas públicas a través del impuesto de sociedades se ha reducido en 38 millones de euros desde 2018. Actualmente, por cada 100 euros recaudados, las empresas apenas aportan 7 euros.
- Ataque a Osakidetza: ELA considera insostenible destinar dinero público a incentivar seguros privados mediante deducciones mientras la sanidad pública sufre una falta de inversión flagrante y listas de espera alarmantes.
Las Propuestas de ELA
El propósito de ELA es forzar una reforma fiscal radicalmente opuesta a la actual para redistribuir la riqueza de manera justa. Sus propuestas fundamentales se estructuran en cinco ejes:
- Aumentar la tributación de las rentas altas: Recuperar la progresividad en el IRPF, incrementar los tipos marginales máximos para los salarios más elevados y revisar las deducciones que benefician a los ricos.
- Incrementar la fiscalidad sobre beneficios empresariales: Elevar la tributación efectiva de las empresas al 25% sobre sus beneficios, eliminar los mecanismos y deducciones que usan las grandes sociedades para reducir artificialmente su factura fiscal y aplicar recargos sobre beneficios extraordinarios.
- Reforzar los impuestos sobre la riqueza: Incrementar la imposición sobre grandes patrimonios, además de mantener y endurecer el Impuesto sobre el Patrimonio y las grandes herencias y donaciones.
- Combatir el fraude y la elusión fiscal: Dotar de más recursos humanos y técnicos a las haciendas forales para perseguir el fraude e incrementar el control estricto sobre las estructuras societarias de las grandes empresas.
- Mayor transparencia fiscal: Publicar estadísticas claras sobre quién paga impuestos y cuánto aporta realmente cada tipo de contribuyente, obligando a una rendición de cuentas real sobre los beneficios fiscales otorgados.