Un informe impulsado por Medicusmundi Araba y Gipuzkoa documenta el creciente peso de la financiación privada en Euskadi, «entre los más elevados de la UE», y el «carácter estructural» de los conciertos sanitarios con entidades privadas, «entre los más altos del Estado».
Medicusmundi Araba y Gipuzkoa han presentado este lunes en San Sebastián los principales resultados del estudio ’20 ideas en torno a la privatización sanitaria en Euskadi: un peligro para la salud’, realizado por la EHU a iniciativa de ambas asociaciones.
Según han indicado sus responsables, en Euskadi 9 de cada 10 personas apuestan por «un sistema público, pagado con impuestos, que cubra a todas las personas», y más del 80% prefieren ser atendidas en un centro sanitario público. Sin embargo, la percepción respecto al funcionamiento de Osakidetza «ha empeorado notablemente», donde la población sitúa la sanidad entre uno de los tres problemas más importantes de la comunidad.
Debate serio y sosegado
Tal y como han señalado, este informe busca «contribuir a un debate social serio y sosegado» sobre las claves a tener en cuenta para el desarrollo de un sistema que «garantice el derecho a la salud de todas las personas».
El informe indica que tres de cada diez euros del gasto total en salud en Euskadi son de financiación privada y que el nivel de privatización de la financiación de la salud en el País Vasco es mayor que el de 25 de los 34 países europeos.
En Euskadi, el gasto privado ha aumentado en los últimos 20 años, pasando de un 27,6% del gasto total en salud en 2003 a un 30,5% en 2023. Este porcentaje supera el de la media de la UE (18,7%), solo por debajo de por Grecia, Letonia, Portugal, Bulgaria, Lituania y Malta.
El estudio señala que destaca especialmente el gasto que las familias pagan directamente de su bolsillo (por ejemplo, la atención dental), que representaba el 25,2% del gasto total en salud en 2023, es decir, uno de cada cuatro euros.
SEGUROS PRIVADOS
De la misma forma crece el aseguramiento privado. En 2023, casi una de cada cuatro personas tenía contratado un seguro de salud privado voluntario en Euskadi, el 23,9% de la población, un total de 525.435 personas. Esta contratación no es igual en todas las clases sociales. En las menos favorecidas, el porcentaje de personas con seguros es del 7,7%, mientras que en las más aventajadas se eleva hasta un 35%.
A su juicio, esta «huida» de las clases medias y alta al sistema privado «debilita la base social y económica» del sistema público y genera «el relato falso de la inevitabilidad de la privatización y no supone descongestionar la pública sino, más bien, lo contrario, genera un incremento de la presión y demanda».
En análisis también detalla que la contratación de servicios sanitarios privados por parte del Gobierno Vasco «no crece, pero tiene un carácter estructural» y apunta que en 2023 el Departamento de Salud destinó más de 300 millones de euros a empresas o entidades privadas, el 7% de su presupuesto total, el quinto porcentaje más elevado de las 17 comunidades autónomas.
Dentro de Euskadi destacan las diferencias territoriales: 9,4% en Gipuzkoa, 4,4% en Bizkaia y 3,3% en Araba. De ese importe, 234,6 millones correspondían a conciertos de servicios sanitarios y cerca de 54 millones a determinadas externalizaciones de servicios no sanitarios esenciales de Osakidetza, y el resto, a otras contrataciones y subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. El transporte sanitario y los conciertos hospitalarios concentran más de la mitad del gasto concertado.
Derivaciones
Los niveles de concertación de Osakidetza se mantienen sin grandes cambios en los últimos años y la estructura y los recursos son mayoritariamente públicos. Sin embargo, «año tras año se derivan millones de euros a la contratación de servicios con empresas privadas», han afirmado desde Medicusmundi.
Asimismo, han explicado que la administración transfiere a empresas privadas «funciones estratégicas» del sistema sanitario, como la elaboración y evaluación de planes de salud. Entre 2020 y 2024, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco destinó más de 3 millones de euros a la contratación de estos servicios. Por ejemplo, en 2022 la elaboración del Plan de Salud de Euskadi 2021-2028, al grupo empresarial LKS por 146.289 euros.
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
En esa línea, han apuntado que la privatización ha alcanzado también a la formación y la investigación. En el caso de la formación universitaria, en el curso 2023-2024, el 22,7% del alumnado de grados sanitarios de Euskadi estudiaba en universidades privadas, frente al 9,4% de cuatro cursos antes.
La presencia de entidades privadas tiene también un peso importante en la formación continua de profesionales sanitarios. En Euskadi, en 2023, solo el 20,8% de las actividades de formación sanitaria continuada acreditadas fueron realizadas por el sistema público de salud, y el 81% de los ensayos clínicos realizados en el ámbito del sistema sanitario público vasco estaban promovidos por la industria farmacéutica.
Según han afirmado, «los principales riesgos de privatizar la formación sanitaria pregrado y universitaria radican, por un lado, en las barreras de acceso derivadas del elevado coste de las matrículas y, por otro, en que fomenta un perfil profesional cada vez más elitista y distanciado de la realidad socioeconómica de la población a la que asiste».
Diferentes ámbitos
El informe señala las dificultades encontradas para acceder a información completa y comparable sobre los aspectos analizados. Los resultados ponen de manifiesto que la privatización sanitaria «no se limita a la concertación de servicios o recursos», sino que alcanza diferentes ámbitos del sistema y «puede tener consecuencias para la equidad en el acceso a la atención».
Para Medicusmundi Araba y Medicusmundi Gipuzkoa, conocer estos procesos es «fundamental para proteger el derecho a la salud para todas las personas». Ambas organizaciones han reiterado la necesidad de fortalecer un sistema sanitario «público, universal, financiado mediante impuestos y de calidad, que responda a las necesidades de toda la población y cuente con mecanismos suficientes de transparencia y control público».