El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco dispondrá el próximo ejercicio de 1.338 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al presupuesto precedente. El vicelendakari y titular del área, el vizcaíno Mikel Torres, defendió este lunes en el Parlamento Vasco unas cuentas orientadas a la redistribución de la riqueza y a la consolidación de un mercado laboral «con derechos, seguro y de calidad», que prioriza el combate contra la brecha de género y la protección de los colectivos más castigados por la precariedad.
La propuesta presupuestaria tiene una repercusión directa en Bizkaia, territorio que concentra el mayor volumen de perceptores de rentas de garantía y un tejido fabril inmerso de lleno en las transiciones energética, demográfica y digital. Para responder a este escenario, Lanbide absorberá la mayor parte de los recursos, con un total de 1.191,8 millones de euros.
Lanbide y el escudo social ante las bolsas de desempleo
El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos contará con una dotación de 700 millones de euros, a los que se sumarán 514 millones destinados específicamente a programas de empleo e inserción. En comarcas vizcaínas con retos históricos de reconversión y desempleo estructural —como Ezkerraldea, Meatzaldea o Enkarterri—, el despliegue de los Planes de Empleo y Desarrollo Local y los itinerarios sociolaborales individualizados buscarán dar salida a parados de larga duración, mayores de 50 años y jóvenes con dificultades de inserción.
Asimismo, Lanbide encarará como hito durante 2027 la integración en su gestión ordinaria de los subsidios y prestaciones por desempleo, además de desplegar el modelo de modernización ‘Hobetzen’.
Seguridad laboral en el tejido industrial y lucha salarial
Otro de los pilares del proyecto es la salud laboral, un ámbito sensible en el ecosistema productivo de Bizkaia. Osalan contará con 20,29 millones de euros para redactar la ‘Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2027-2032’. La prioridad será acercar la prevención a la pequeña y mediana empresa, al trabajo autónomo y a los sectores con mayor índice de siniestralidad, prestando especial atención a los riesgos psicosociales y ergonómicos.
En el plano laboral estricto, el área de Trabajo y Seguridad Social gestionará 131,2 millones para reforzar la negociación colectiva y el diálogo social con patronal y sindicatos. Dentro de este capítulo, el ‘III Plan Operativo contra la Brecha Salarial’ crecerá un 10%, hasta los 440.000 euros, dotando a la Inspección de Trabajo de mayores recursos para perseguir discriminaciones salariales que siguen castigando principalmente a las trabajadoras del sector servicios.
Innovación y análisis económico
El departamento complementará sus cuentas con 8,96 millones para consolidar la Economía Social y el ‘Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank’, así como 18,68 millones asignados a Eustat para su plan estratégico hasta 2030, que incorporará estudios sobre el coste real del despido, bajas médicas y salarios.
Torres subrayó que el crecimiento económico en Euskadi no puede medirse solo por la cifra neta de contratos: «No nos conformamos con crear empleo; el reto es que sea estable, seguro y con derechos, garantizando que nadie quede al margen de la transformación productiva».