En la última entrega de Apuntes Jurídicos en EgunOn Bizkaia, el abogado Pablo de los Ríos ha puesto el foco en dos áreas que generan constantes dudas: el complejo proceso para obtener una incapacidad permanente absoluta y la reciente actualización de los precios del alquiler tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda.
La incapacidad absoluta más allá del cuadro médico
A raíz de la consulta de un oyente que padece fatiga extrema y vértigos sin un diagnóstico claro, De los Ríos ha advertido que estar enfermo no es el único requisito para acceder a una pensión. Para que una incapacidad sea considerada absoluta, la persona no debe poder desempeñar ningún trabajo en absoluto. Sin embargo, existen factores administrativos que a menudo se ignoran, como la necesidad de haber cotizado lo suficiente y contar con bases que garanticen una pensión mínima viable.
Otro obstáculo fundamental es el concepto de agotamiento terapéutico. La ley exige que se hayan intentado todos los tratamientos curativos posibles sin éxito antes de conceder la invalidez. Sin un diagnóstico firme, resulta casi imposible demostrar que la medicina ha agotado sus recursos. Por ello, el letrado ha recomendado intentar acelerar las citas en Osakidetza o incluso acudir a la vía privada, ya que en patologías con síntomas subjetivos es vital aportar pruebas objetivas como el test FAST para convencer a un tribunal.
El fin de la libre negociación de rentas en Bilbao
El mercado del alquiler en Bizkaia ha dado un vuelco tras la declaración de Bilbao como zona tensionada. Pablo de los Ríos aclara que, bajo este nuevo marco, ya no se puede pactar el precio libremente entre propietario e inquilino, incluso si ambas partes están de acuerdo. Para los contratos vigentes, la antigua limitación del 2% ha decaído, pero ahora los contratos posteriores a mayo de 2023 deben actualizarse obligatoriamente mediante el IRAV (Índice de Actualización de Rentas), mientras que los anteriores suelen seguir ligados al IPC.
En el caso de las nuevas salidas al mercado, la situación es aún más restrictiva. Los propietarios deben acudir obligatoriamente al simulador de precios del Gobierno Vasco, que marca el tope legal de la renta basándose en factores como la ubicación y el estado del inmueble. El abogado ha ilustrado esta brecha citando ejemplos en el Ensanche o Plaza Euskadi, donde el simulador arroja cifras significativamente inferiores a los precios de mercado previos. De los Ríos critica que la medida se aplique de forma plana a todo el municipio, sin distinguir realidades tan dispares como las de San Francisco o Santutxu.
Validez legal de las comunicaciones digitales
Finalmente, el experto ha abordado la validez de los avisos de subida de renta enviados por aplicaciones de mensajería. Aunque el burofax sigue siendo la herramienta preferida por los abogados por su carácter fehaciente, cualquier canal de comunicación constante y utilizado previamente por ambas partes, como WhatsApp, SMS o correo electrónico, tiene validez legal. Negar la recepción de un mensaje es hoy una estrategia arriesgada, ya que existen métodos técnicos consolidados para demostrar su lectura ante un juez.
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