Brígida Ridruejo es portavoz de SOS Racismo, uno de los colectivos sociales que han denunciado las vulneraciones de derechos que, a su juicio, está cometiendo la Ertzaintza por orden de Lanbide: «Deshumanizan la atención a los usuarios de los servicios sociales. Es muy grave y afecta a toda la sociedad vasca en su conjunto». Denuncia que la Ertzaintza entra en los domicilios por orden de Lanbide y sin orden judicial: «Es una práctica ilegal. Entran en las casas, inspeccionan habitaciones, armarios y hasta los tendederos de la ropa». Y si no les dejan entrar, «Emiten un informe desfavorable y estas familias se quedan sin ayudas».
Utilización del fraude
Pasados los años, desde el Gobierno Vasco y Lanbide, se sigue estigmatizando a las familias usuarias como proclives al “fraude”. Pero éste es irrelevante: no llega ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. Queda claro que la intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad. Hay que tener en cuenta que en sus 34 años de historia las políticas sociales del Gobierno Vasco han sido incapaces de proteger a las familias. Y cada año un tercio de la población en situación de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos, según datos del propio gobierno.