Un intenso debate se ha generado en el ámbito educativo universitario vasco tras conocerse una resolución de varios Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Bilbao. La decisión judicial obliga a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) a eximir a determinados estudiantes —quienes acudieron a la vía judicial tras obtener malos resultados en la prueba de acceso— de computar la calificación del examen de Lengua Vasca y Literatura II en sus notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
Ante esta situación, el Consejo de Estudiantes de la EHU ha manifestado públicamente su rechazo a las medidas adoptadas y su respaldo al recurso anunciado por la propia universidad. El órgano estudiantil advierte que eximir de esta materia obligatoria rompe el principio de igualdad de oportunidades y establece un precedente peligroso en el que la ventaja de acceso podría depender de quién tiene la capacidad económica para acudir a los tribunales. Además, señalan el riesgo de que se desplace de las listas a estudiantes que han seguido plenamente el procedimiento ordinario, dejándolos fuera de las titulaciones deseadas en un sistema de plazas limitadas.
Por su parte, la organización Euskalgintzaren Kontseilua, respaldada por los principales agentes y sindicatos del ámbito educativo y universitario —como ELA, LAB, STEILAS, Euskal Herriko Ikastolak, BIGE, Denon Eskola, IAS, IKAMA y los grupos de euskera de la propia EHU—, ha salido hoy a las calles en una movilización masiva. La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha denunciado con firmeza la «utilización política, mediática y, en última instancia, judicial» que se está haciendo de este caso, advirtiendo que este tipo de sentencias «perpetúan el euskera como una lengua de segunda categoría y subordinada al castellano».
Desde el sector social y educativo alertan de que el problema real no radica en los tribunales, sino en el agotamiento del actual sistema de modelos lingüísticos vigentes en la CAV (Modelos A y B), los cuales «no sirven para cumplir los objetivos establecidos por el propio currículo educativo» y dejan a miles de estudiantes sin alcanzar un conocimiento mínimo de la lengua. Por ello, exigen el salto definitivo hacia un modelo educativo generalizado en euskera que garantice la euskaldunización de todo el alumnado por igual.
Se han celebrado concentraciones de protesta bajo el lema «Justicia para el euskera, euskera para todos/as» y se ha abierto un firme rechazo institucional frente a la resolución judicial. Se denuncia una «ofensiva judicial» que atenta contra la normalización lingüística y contra la potestad de la propia universidad y del Gobierno Vasco para regular el acceso a la educación superior.
Los juzgados de Bilbao que dictaron la cautelar, la UPV/EHU, el alumnado recurrente, el Consejo de Estudiantes y la plataforma Euskalgintzaren Kontseilua (liderada por Idurre Eskisabel). A las protestas se han sumado en bloque los principales sindicatos de la educación (ELA, LAB, STEILAS) y confederaciones de ikastolas y de familias de la escuela pública (BIGE, Denon Eskola).
El rechazo del Consejo de Estudiantes se formalizó previamente el 30 de junio de 2026 y de manera simultánea en los tres campus de la UPV/EHU: la Escuela de Ingeniería de Bilbao, el Centro Carlos Santamaría de Donostia y la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz.
El conflicto estalla porque el poder judicial ha pasado por encima de la autonomía universitaria obligando a eximir del examen de euskera a alumnos con malas calificaciones. Los colectivos denuncian que esto crea una injusticia que premia a quienes renuncian a la lengua y perjudica a quienes se esfuerzan por aprenderla. Critican que el trasfondo es la ineficacia de los modelos lingüísticos actuales (A y B) y la falta de valentía política para reformar la Ley de Educación. El conflicto avanza por dos frentes. El judicial, mediante el recurso legal interpuesto por la UPV/EHU (con el apoyo estudiantil); y el social y político, a través de la movilización en la calle y la exigencia inmediata de un nuevo modelo educativo único y adecuado a cada realidad sociolingüística que asegure la cohesión social.
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