Esta semana hemos tenido la oportunidad de charlar con Raúl García Agudo, autor del libro El sindicalista infiltrado. Así se le conoce porque antes de la pandemia se hizo pasar por un falso autónomo de la famosa plataforma Glovo. Con Raúl hemos ahondado en la llamada ‘uberización de la economía’: los buenos puestos de trabajo son para unos pocos mientras cada vez más empleos apenas garantizan la subsistencia.
Como explican en el sindicado CCOO, al que pertenece el autor del libro, «las plataformas colaborativas, como suelen llamarse a si mismas estas compañías, operan a través de aplicaciones y tratan a sus riders como carne de cañón con la que alimentan su algoritmo. Les vemos con sus mochilas por todas partes: yendo de acá para allá por unos pocos euros, esperando ante un restaurante, esperando a que caiga otro pedido… Siempre a la intemperie y soportando el frío del invierno, el calor del verano, el riesgo del asfalto y el peligro de ir en bici en medio de coches, corriendo para llevar el pedido contrarreloj, con la moto o la bici en los días de lluvia. Ser un rider es un oficio de alto riesgo y poca recompensa y, hasta hace poco, sin relación laboral reconocida.»
Instituciones que deben velar por que se cumpla la ley
El Parlamento Vasco rechazó la semana pasada «las actuaciones de la empresa Glovo con el propósito de huir de su responsabilidad hacia las personas trabajadoras, del cumplimiento de los derechos, legislación laboral, y de las resoluciones judiciales» y pide a las Inspecciones de Trabajo general y vascas que controlen el cumplimiento de la legislación laboral, especialmente la ‘ley rider’, en todas las empresas del sector ‘delivery’.
EH Bildu ha llevado al pleno de la Cámara una iniciativa sobre las medidas a adoptar para que la empresa Glovo detenga la «vulneración de los derechos laborales fundamentales» reconocidos por la Inspección de Trabajo, por las resoluciones judiciales y amparados por la legislación laboral.
La coalición ha acordado con PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU un texto que ha sido aprobado con el apoyo de los grupos firmantes y el rechazo de PP+Cs y Vox.
Huir de su responsabilidad
En el mismo, la Cámara vasca rechaza «las actuaciones de la empresa Glovo con el propósito de huir de su responsabilidad hacia las personas trabajadoras, del cumplimiento de los derechos, legislación laboral, y de las resoluciones judiciales» y manifiesta que esta actitud «no es aceptable».
Además, subraya que «ante este tipo de actuaciones, las administraciones e instituciones deben mantener una actitud proactiva, para actuar con la máxima contundencia sobre el fraude a la normativa laboral y sobre las estrategias empresariales destinadas a sortear la legislación laboral en el sector ‘delivery'».
En este sentido, insta a las Inspecciones de Trabajo dependientes de la Administración General del Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a «seguir controlando y a hacer cumplir la aplicación de la legislación laboral y especialmente la ‘ley rider’, en todas las empresas del sector ‘delivery’, garantizando la correcta regularización de la situación contractual de trabajadores y del sector y el cumplimiento de sus derechos laborales amparados por la legislación».
Reivindicaciones de los trabajadores
En concreto, recuerda la inclusión de los trabajadores y las trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social, convenio colectivo aplicable, el salario mínimo interprofesional, días de vacaciones, descanso semana calendario laboral, licencias y permisos, salud y seguridad laboral, y derechos sindicales.
La Cámara también pide a la empresa Glovo que cumpla «con carácter general la legislación laboral vigente y, de forma inmediata, las sentencias que confirman la relación laboral con sus repartidores» y, en caso de no hacerlo, a la autoridad jurisdiccional competente a «hacer cumplir a la empresa Glovo las sentencias firmes que determinan la correcta regularización de la situación contractual de trabajadores y trabajadoras y el cumplimiento de todos sus derechos laborales».
El Parlamento insta al Gobierno Vasco a «continuar reforzando» la actuación de la Inspección de Trabajo en los tres territorios, tal y como se recoge en acuerdos parlamentarios previos, en especial en relación a las campañas específicas de detección de falsos autónomos que permitan seguir controlando la aplicación de la legislación laboral y especialmente la ‘ley rider’.
Devolución de las cuotas que pagaron los repartidores
Asimismo, solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social que informe, agilice y facilite también la gestión presencial para el procedimiento de devolución de las cuotas que pagaron los repartidores y repartidoras que han sido reconocidos como falsos autónomos en actas de la Inspección ratificadas por sentencias firmes.
Por último, insta al Gobierno a impulsar y, en su caso acompañar económicamente, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico de Economía Social 2021-2024, proyectos cooperativos y otro tipo de organizaciones de economía social que, «garantizando los derechos laborales de las personas trabajadoras en el ámbito de las plataformas digitales, se hayan constituido y puedan constituirse a nivel local o de comunidad autónoma, de acuerdo con el modelo de empresa cooperativa auspiciado por el Parlamento».
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