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La pasada semana se produjo una agresión a una educadora social en un piso tutelado dependiente del IFAS de la Diputación Foral de Bizkaia, un hecho que ha generado una gran alarma entre los trabajadores y trabajadoras del sector. En una entrevista en EgunOn Bizkaia Estibaliz Ealo Urkiaga, delegada de ELA en el Comité de Empresa de la Diputación Foral de Bizkaia y del IFAS, ha señalado que el sector de menores ha visto crecer la demanda de recursos de forma notable en los últimos años, mientras que las plantillas no han crecido al mismo ritmo, «lo que ha dejado a muchas profesionales trabajando en condiciones de precariedad y vulnerabilidad».
Demandas sindicales y propuestas de mejora
Estibaliz ha detallado que el sindicato ha reclamado que se refuercen los protocolos de derivación y que se actualice el dimensionamiento de los equipos. En concreto, ha señalado que ha solicitado que, en todos los hogares donde haya perfiles con conductas agresivas, trabajen al menos dos educadoras por turno, especialmente durante la noche, cuando actualmente solo hay una persona de guardia, lo que deja al personal expuesto y sin posibilidad de defensa en caso de agresión .
Avances tras la concentración y la reunión de seguridad
Tras la concentración celebrada frente a los servicios centrales del IFAS y del Departamento de Acción Social de la Diputación el pasado lunes, se ha convocado y celebrado la reunión del Precomité de Seguridad y Salud del IFAS, en la que la administración ha aceptado varias medidas. Entre ellas, la creación de una comisión con representación sindical para evaluar protocolos, la implantación de formación específica para el personal y el refuerzo de la guardia nocturna con dos personas en los pisos tutelados. Aunque, como matiza Estibaliz, este refuerzo nocturno se va a implantar temporalmente en el piso de Txurdinaga donde sucedió la agresión pero no en el resto de viviendas tuteladas, por lo que el sindicato seguirá incidiendo en esta cuestión.
La delegada de ELA ha explicado que ahora corresponde realizar una evaluación detallada de los expedientes de menores en situación de desamparo y de los recursos disponibles, para ajustar plantillas y garantizar la seguridad de las personas usuarias y de las y los profesionales. Ha insistido en la necesidad de que estos protocolos sean ágiles y flexibles, para evitar que menores con necesidades específicas sean derivados a programas inadecuados y proteger, de este modo, a todos los colectivos implicados .
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