ELA ha mostrado su rechazo al buzón de denuncias anónimas de posibles fraudes en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado por Lanbide, ya que, a su juicio, se trata de una campaña para «criminalizar a quienes perciben las prestaciones sociales».
En un comunicado, el sindicato se ha referido, de esta manera, a la campaña anunciada este lunes por el Servicio vasco de Empleo bajo el lema «Cumplir es tu garantía», en la que se incluye la iniciativa de un buzón antifraude para denunciar, sin necesidad de identificarse, el posible uso fraudulento de la RGI y el IMV. Sobre ello hemos hablado esta mañana con Janire Landaluce, miembro del gabinete de Estudios del sindicato.
«Muy grave»
El sindicato considera que es algo «muy grave» y rechaza totalmente esta medida. ELA cree que, de esta forma, «se criminaliza y estigmatiza una vez más a las personas perceptoras de las prestaciones sociales».
Ya la última reforma de la ley de la RGI contemplaba la creación de la figura de inspectores entre el personal de Lanbide, figura que tiene la potestad incluso de entrar en el domicilio de las personas perceptoras. ELA denunció aquella medida, pero esta última decisión todavía va más allá por involucrar a la ciudadanía».
El sindicato cree que transmite «la imagen de fraude y corresponsabilidad de denunciarse entre el vecindario», justificándose en que la ciudadanía «ya lo hacía y que se trata de poner orden en esas denuncias».
Idea intencionada
«Una vez más se transmite la idea intencionada de que unos hacen el bien y otros (casualmente los que más necesidad tienen) el mal, y de que el fraude entre quienes perciben la prestación es alto cuando los datos demuestran todo lo contrario», ha añadido.
ELA cree que el Gobierno vasco y Lanbide «deberían preocuparse más en parecerse a otros países respecto al nivel de cobertura en materia de prestaciones sociales y políticas para paliar la pobreza».
Además, opina que «deberían hacer frente al fraude fiscal, que se ve que no tienen ningún interés en perseguir, seguramente por connivencia con las personas y las empresas que más dinero ganan y más defraudan». Por todo ello, ha asegurado que seguirá rechazando y denunciando «toda medida que criminalice a los perceptores de prestaciones sociales».
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