Greenpeace denuncia la presión del lobby del plástico a la Comisión Europea

Julio Barea, de la organización ecologista, ha criticado que desde Bruselas intenten rebajar algunos puntos del Decreto de Envases

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Greenpeace denuncia la presión del lobby del plástico a la Comisión Europea

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Greenpeace denuncia la presión del lobby del plástico a la Comisión Europea. Julio Barea, de Greenpeace, ha pasado por los micrófonos de EgunOn Bizkaia para explicar cómo la Comisión está poniendo trabas a algunos de los puntos más ambiciosos del Decreto de Envases del Gobierno de España. En los últimos días diversas organizaciones ecologistas han denunciado en un comunicado la presión ejercida por la industria del plástico y la forma en la que ha influido en las recomendaciones que la Dirección General  de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea ha enviado al Gobierno.

Barea ha lamentado la presión ejercida y ha explicado que esto no siempre es lo habitual. «Normalmente, cuando los Estados proponen medidas más ambiciosas, no suele haber problemas», ha señalado Barea. Entre las medidas que se recomienda dejar a un lado, Barea ha destacado «la prohibición de que haya sustancias químicas en en interior de las latas», algo que ha calificado como «un tema sanitario de primer orden». También se ha recomendado no seguir adelante con la prohibición de vender frutas y hortalizas, de menos de kilo y medio, empaquetadas. Y por último, Barea ha lamentado que se intente que los productores no se hagan cargo de la recogida desperdicios generados.

Acción conjunta

Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greeenpeace, Oceana, Retorna, Rezero y Surfrider han emitido un comunicado conjunto para denunciar esta situación. En dicho comunicado señalan que «cada Estado, en función de sus necesidades debe definir su ambición con los objetivos de las directivas, y España tiene un problema claro  con los residuos de plástico que debe solucionar».

De acuerdo con las modificaciones propuestas, el periodo de espera para que España incorpore las modificaciones pertinentes si así lo considera, se retrasa al 7 de noviembre.


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