El comité de OTA-Bilbao ha interpuesto una demanda en contra de la obligación del conducir el vehículo (visual-car) para el control de la OTA. Gertek, empresa que presta el servicio en Bilbao, ha decidido establecer dicha obligación unilateralmente ante el llamamiento a la plantilla a desistir en el empleo voluntario de dicho vehículo de control, volviendo al régimen de control a pie. El presidente del comité de empresa de OTA, Gabi Sáez, nos ha acercado la última hora de esta situación.
«A la espera de que se celebre el juicio porque nos hemos puesto en contacto con la empresa y sigue con la obligación de que los trabajadores sigamos conduciendo. Teníamos previsto bajarnos de los coches este lunes voluntariamente ya que no se han cumplido las promesas que hizo la empresa y no nos queda otra que ir a trabajar en el visual-car y denunciarlo», explica el trabajador, del sindicato ELA. Gabi asegura que no está prevista ninguna reducción de plantilla: «Es una preparación para el nuevo pliego de condiciones, la nueva OTA que viene en octubre. No estamos en contra de realizar ese trabajo, sino que no está regularizado en ningún sitio ya que en los últimos 12 años no hemos firmado ningún convenio y no viene dentro de nuestras funciones que tengamos que conducir un coche». Añade que lo que desean es «regularizar toda la situación» para que refleje todas las nuevas actividades, aunque la empresa no está por la labor.
12 años de espera
El presidente del comité de empresa insiste en que llevan 12 años sin subidas en el salario y todas estas funciones las están realizando sin tener unas condiciones pactadas. Esta decisión se enmarca dentro de una situación de clara confrontación. La negociación del convenio sigue bloqueada, pese a que las últimas tablas salariales son del 2011,y aunque se espera una modificación de la ordenanza, la empresa sigue sin abordar las condiciones socio-laborales del empleo del visual-car. El Comité denuncia esta maniobra empresarial, y baraja cuantas acciones judiciales estén en su mano. Se avecina un escenario de confrontación ante el inmovilismo empresarial, agravado con lo que consideran un ataque contra los derechos del colectivo de trabajadoras y trabajadores. Si no se soluciona antes «tendremos que ir a la huelga en septiembre u octubre».
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