Luis Garrido ha sido ratificado por tercera vez como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ha explicado que, aunque el actual será su último mandato, ha habido un largo periodo de interinidad debido a que el Consejo General del Poder Judicial no se renovó durante casi cinco años. «Nadie se presentó al cargo. Debe de ser que el puesto no era tan bueno como parecía», ha ironizado.
Polémicas judiciales durante la pandemia
Durante la entrevista ha recordado los momentos más tensos vividos durante la pandemia, cuando algunas resoluciones judiciales adoptadas por su sala fueron muy cuestionadas por diferentes sectores. «Fuimos muy exigentes con las restricciones de derechos fundamentales. Se trataba de suspensiones que debían estar muy justificadas», ha explicado. Ha reconocido que, aunque algunas decisiones generaron una gran polémica, el Tribunal Supremo confirmó la mayoría de ellas. «Asumí las críticas, pero no respondí a ninguna», ha afirmado.
Justicia y crítica pública
Luis Garrido ha subrayado la importancia de aceptar la crítica como parte del ejercicio de la función pública: «Hoy en día, cualquiera con responsabilidades públicas tiene que asumir que recibirá críticas, especialmente en redes sociales». Sin embargo, ha advertido que esas críticas deben realizarse desde el conocimiento, evitando deslegitimar al poder judicial. «Conviene al menos leer la resolución antes de opinar», ha apuntado.
Judicialización de la vida política
Ha reflexionado también sobre la creciente judicialización de la política. «Como los acuerdos entre partidos se han vuelto imposibles, todo termina en los tribunales. Esto nos pone constantemente en el punto de mira», ha explicado. Aun así, ha defendido que la justicia sigue funcionando con garantías y que los sistemas de recursos permiten que los casos sean revisados por varios jueces o magistrados.
Colapso judicial y necesidad de más recursos
Luis Garrido ha reconocido que existen jurisdicciones especialmente saturadas, como la social o la civil. «En un juzgado de primera instancia pueden entrar hasta 1.300 asuntos al año, lo cual es una barbaridad», ha indicado. Ha insistido en la necesidad de reforzar los tribunales con más jueces, especialmente ante el aumento de litigios por la falta de acuerdos entre las partes.
El magistrado ha alertado del exceso de producción legislativa y de las dificultades que esto genera en la interpretación judicial. «Hay una avalancha normativa diaria. Muchas leyes se aprueban sin informes previos, lo que genera vacíos que luego debemos interpretar», ha concluido.
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