El sindicato ELA ha dado a conocer el impacto económico que las sentencias relacionadas con la salud laboral han supuesto para las empresas desde 2022. El informe recopila resoluciones judiciales de los últimos años y analiza cómo los tribunales han reconocido responsabilidades empresariales en distintos ámbitos de la prevención laboral.
En marzo de 2022, ELA creó Bidelagun Fundazioa, una fundación con entidad propia destinada a combatir los incumplimientos empresariales en prevención y a promover un cambio real en la cultura de la salud laboral. Desde entonces, la acción judicial de Bidelagun ha supuesto un impacto de más de 5 millones de euros para las empresas, gestionando 500 expedientes con el objetivo de que invertir en prevención sea más rentable que poner en riesgo la salud de la plantilla.
Principales áreas de actuación
Amianto y silicosis: Petronor, Iberdrola y Tubacex han recibido condenas por exponer a sus trabajadores a riesgos laborales que provocaron enfermedades o fallecimientos, rompiendo décadas de impunidad
Accidentes y riesgos psicosociales: Se han reconocido accidentes laborales por caídas, golpes y estrés, así como riesgos psicosociales en empresas y ayuntamientos, reforzando la exigencia de protección de la salud.
Acoso y agresiones sexuales: Se han reconocido responsabilidades por falta de medidas preventivas en varias compañías e instituciones, demostrando que estos problemas no son hechos aislados.
Covid persistente: Se ha reconocido recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad en una residencia pública gestionada por Eulen Servicios Sociosanitarios.
Formación, sensibilización e investigación
Bidelagun ha desarrollado también programas de formación y sensibilización, reforzando la prevención como práctica efectiva y no solo como discurso sindical.
Tras tres años y medio de actividad, la fundación busca reforzar la defensa del derecho a la salud en el trabajo, especialmente frente a los riesgos psicosociales. El objetivo sigue siendo construir un modelo en el que la salud de las personas trabajadoras esté en el centro y donde la impunidad empresarial tenga un coste real. La prevención no es un gasto, es un derecho, dicen desde Bidelagun.
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