Activistas de la plataforma Berri-Otxoak se han concentrado ante el edificio consistorial de Barakaldo para denunciar que el equipo de gobierno ha decidido recortar, un año más, el acceso a las ayudas económicas municipales. Prestaciones que solicitan 3.000 familias barakaldesas.
El área de Acción Social aprobó en el mes de junio el Decreto que regula el acceso a las ayudas económicas municipales para este año. En pleno verano decidió autorizar y ratificar el Decreto municipal que contempla recortes ya denunciados por el Defensor del Pueblo, endurecer los requisitos de acceso y reducir las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.
En julio de 2022 el Defensor del Pueblo denunció al Ayuntamiento de Barakaldo por el formulario de acceso a las ayudas de emergencia. Este año vuelve a incumplir esta resolución al negar a las familias la petición simultánea de una ayuda para alquiler -o hipoteca- y la cobertura de necesidades básicas como alimentación, la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista, oculista y tratamientos) o los gastos de comunidad, luz y agua mediante una cláusula adicional en el formulario de solicitud.
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