La difusión de miles de vídeos de abuso sexual infantil denunciada por Maldita.es ha situado a TikTok en el centro de una grave polémica. La petición de la Fiscalía para retirar estos contenidos y la posibilidad de suspender la actividad de la plataforma en España han abierto un debate sobre la responsabilidad de las grandes redes sociales. El CEO de la agencia PHI, José Gabriel García, ha analizado las consecuencias económicas y las posibilidades de que las autoridades obliguen a TikTok a modificar sus mecanismos de control.
La conversación se ha emitido en el programa EgunON Magazine.
Miles de vídeos de abuso infantil y millones de visualizaciones
La investigación de Maldita.es, titulada «TikTok: el hogar del pederasta», ha denunciado la circulación de miles de vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma. Durante la entrevista se ha señalado que estos contenidos han acumulado millones de visualizaciones y que las propias herramientas de búsqueda y recomendación de la red social pueden facilitar su localización.
José Gabriel García ha cuestionado la respuesta de TikTok ante las denuncias y ha defendido que una compañía de estas dimensiones debe contar con sistemas capaces de identificar y retirar contenidos ilegales sin depender exclusivamente de investigaciones externas.
«Ellos pueden y deben tener mecanismos para detectarlos sin que un medio o un validador haga una investigación», ha afirmado.
El especialista ha reconocido que TikTok también ofrece usos positivos, pero ha insistido en la necesidad de exigir responsabilidades a las plataformas cuando sus mecanismos de moderación resultan insuficientes.
Santander, Eroski y otras grandes marcas retiran su publicidad
La polémica también ha tenido consecuencias en el mercado publicitario. Según se ha expuesto durante la entrevista, grandes compañías como Banco Santander, El Corte Inglés, Eroski, Nestlé, Starbucks y Samsung figuran entre las marcas que han dejado de anunciarse en TikTok.
García ha señalado que una posible suspensión de la plataforma tendría importantes repercusiones económicas, aunque ha reconocido que resulta complicado calcular su alcance.
«Es difícil estimarlo con una cifra exacta», ha explicado, debido a la falta de información pública suficiente sobre determinadas cifras del negocio.
El experto ha destacado el peso que TikTok tiene actualmente en la inversión publicitaria digital y su importancia para anunciantes, agencias y empresas que utilizan la red social para llegar a sus clientes.
Sin embargo, ha considerado que la retirada de grandes anunciantes puede tener menos capacidad de presión que una intervención de las autoridades.
¿Puede España suspender TikTok? El precedente de Italia
Durante la conversación, García ha recordado lo ocurrido en Italia en 2021, cuando las autoridades actuaron contra TikTok tras la muerte de una niña de diez años relacionada con un reto viral.
El especialista ha explicado que aquella intervención obligó a la plataforma a introducir cambios en sus mecanismos de verificación de edad.
Aunque ha señalado que el contexto actual es diferente, porque ahora el problema se centra en la difusión de contenidos de abuso sexual infantil, ha utilizado el precedente italiano para defender que los gobiernos pueden actuar frente a las grandes compañías tecnológicas.
«Sí se les puede doblar el brazo incluso a estas grandes plataformas tecnológicas», ha asegurado.
García ha insistido en que las empresas digitales deben someterse a controles y auditorías para garantizar que cumplen sus obligaciones.
La presión política puede pesar más que la retirada de anunciantes
Una de las principales cuestiones de la entrevista ha sido determinar qué medidas pueden conseguir que TikTok cambie sus políticas de moderación.
El CEO de PHI ha reconocido que la salida de marcas conocidas tiene importancia, pero ha considerado que su efecto económico puede resultar limitado para una compañía de semejante tamaño.
En cambio, una suspensión de la actividad en un país representa una amenaza mucho más significativa para su negocio.
«Creo que la clave va a estar más en la parte política», ha afirmado.
El especialista ha defendido que las autoridades nacionales pueden ejercer presión sobre estas plataformas, aunque una actuación coordinada a escala europea permitiría abordar el problema de forma conjunta.
También ha señalado que el objetivo debe centrarse en conseguir mecanismos más eficaces para detectar y retirar contenidos ilegales.
¿Acabará cerrando TikTok en España?
Ante la posibilidad de una suspensión definitiva de TikTok en España, García se ha mostrado escéptico.
El experto ha considerado complicado que se produzca un cierre permanente o una interrupción prolongada de la actividad. Sin embargo, sí ve posible que la amenaza de una suspensión obligue a la compañía a introducir modificaciones.
«Lo que sí que veo es que esto puede servir para presionar», ha explicado.
Su previsión apunta a que TikTok puede optar por reforzar sus controles antes de afrontar una medida que perjudique directamente su actividad comercial.
El CEO de PHI ha insistido en que se trata de una estimación y en que todavía existe incertidumbre sobre la respuesta de las autoridades y de la propia empresa.
La moderación de contenidos, en el centro del debate
La entrevista también ha abordado el funcionamiento de los equipos encargados de supervisar las publicaciones en las redes sociales.
García ha comparado la situación de TikTok con la de otras grandes plataformas, como Instagram o Facebook, cuyos sistemas de moderación también han recibido críticas.
El especialista ha cuestionado la transparencia de TikTok sobre sus procedimientos internos y ha defendido la necesidad de reforzar la supervisión de sus sistemas de detección.
«Tampoco hay que criminalizarles, pero sí que hay que auditarles», ha señalado al referirse a las grandes plataformas tecnológicas.
García ha explicado que su propia agencia continúa utilizando TikTok y que él también es usuario de la red social. Al mismo tiempo, ha defendido que las compañías deben modificar aquellos procedimientos que no ofrecen una protección suficiente frente a la difusión de contenidos ilegales.
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