Los lobbies o grupos de interés forman parte del proceso de toma de decisiones públicas, aunque buena parte de su actividad todavía resulta desconocida para la ciudadanía. Mariola Tàrrega, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experta en relaciones públicas y comunicación política, ha explicado qué son, cómo actúan y qué papel juega la transparencia en su relación con las instituciones.
La conversación se ha emitido en el programa EgunON Magazine
Un lobby no es necesariamente una gran multinacional
Tàrrega ha explicado que el concepto es mucho más amplio de lo que habitualmente se piensa. «Un lobby en realidad se refiere desde cualquier persona, entidad, asociación o empresa que quiere influir en la toma de decisiones públicas». Por tanto, puede ser una gran compañía, pero también una ONG, una asociación empresarial o una asociación vecinal que intenta modificar una decisión que le afecta.
La diferencia aparece principalmente en los recursos disponibles. Una asociación de vecinos puede tener dificultades para dedicar tiempo y dinero a estas tareas, mientras que una multinacional puede contar con equipos especializados, campañas y agencias externas dedicadas a analizar cómo incidir en una determinada política pública. Tàrrega ha recalcado, no obstante, que tratar de influir en una decisión «no es algo negativo» por definición y forma parte de los procesos de escucha de los sistemas democráticos.
Reuniones, informes y datos para convencer
¿Cómo se ejerce esa influencia? Una de las fórmulas consiste en mantener reuniones con responsables públicos y aportar documentación que respalde una determinada posición. «Un grupo de presión puede aportar un informe con datos científicos» para presentarse como una voz experta ante quien debe tomar la decisión, ha señalado Tàrrega.
Pero la estrategia no termina en los despachos. Los grupos de interés también pueden publicar informes, impulsar campañas de comunicación, promover determinados debates o participar en movilizaciones. La experta ha recordado que existen «muchos elementos que juegan en el proceso de influencia de una toma de decisión pública» y que, en última instancia, la decisión corresponde a los responsables políticos y al propio proceso parlamentario.
Cuando el objetivo son los medios de comunicación
Los medios también forman parte de este engranaje. Asociaciones sectoriales y organizaciones que representan determinados intereses envían habitualmente notas de prensa, estudios e informes con el objetivo de conseguir presencia informativa y favorecer determinados enfoques.
«Es una estrategia muy clásica, usar esta marca como más blanca, que parece más neutra», ha explicado Tàrrega al referirse a organizaciones que agrupan empresas pero presentan sus mensajes sin una marca comercial directamente visible. La dificultad aumenta cuando utilizan estadísticas o estudios cuya procedencia resulta complicada de rastrear.
La profesora de la UOC ha señalado además que el medio de comunicación no siempre es el destinatario último. Una información publicada puede terminar en el dossier de prensa de un responsable político y convertirse así en otra vía indirecta para hacer llegar un determinado mensaje a quienes toman decisiones. Para los periodistas, ha apuntado, los registros de transparencia permiten comprobar con quién se está reuniendo una organización y contextualizar mejor la información que reciben.
Una regulación estatal que no ha salido adelante
El debate ha cobrado actualidad después de que el Congreso haya rechazado el decreto impulsado por el Gobierno para crear un registro estatal obligatorio de grupos de interés. La iniciativa ha recibido 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones. PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra, mientras PNV, Podemos y parte de Sumar se han abstenido.
El proyecto pretendía hacer pública información sobre quién intenta influir en la Administración, sus representantes, fuentes de financiación, contactos e informes entregados. También contemplaba la denominada «huella normativa», destinada a identificar qué aportaciones de los grupos de interés han intervenido en la elaboración de una norma.
Transparencia para saber quién habla con quién
Tàrrega ha defendido la utilidad de este tipo de registros porque permiten conocer relaciones que anteriormente quedaban «de puertas adentro». La Unión Europea dispone desde hace años de mecanismos de transparencia y también existen registros en distintos ámbitos autonómicos. La experta considera que esta información resulta especialmente útil para entidades pequeñas y ciudadanía, que pueden saber quién participa en los procesos de decisión y contrastar posibles reuniones o contactos.
La especialista también ha advertido de que publicar los datos no basta por sí solo. Un registro necesita administraciones capaces de incorporar reuniones, actas y documentos, además de herramientas comprensibles para quienes quieran consultarlas. «Hay que saber leer la información», ha señalado Tàrrega, que también ha planteado la necesidad de acompañar estos sistemas con formación para facilitar su uso.
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