Diez personas han sido detenidas y se ha liberado a seis víctimas de trata de seres humanos con fines para la explotación sexual confinadas en pisos de Manresa y Mollet del Vallés, en Cataluña, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional tras la denuncia de otra víctima en un Juzgado de Bilbao.
Según ha informado el instituto armado, una víctima que había estado sometida a esa organización criminal denunció los hechos en un juzgado de la capital vizcaína y el juez se inhibió en un juzgado de Manresa. De esta forma, comenzó la investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia y se unió a la Policía para desmantelar la organización y liberar a las víctimas.
La banda criminal estaba liderada por un hombre de nacionalidad española y una mujer paraguaya, y confinaba a las víctimas en dos pisos prostíbulos en las localidades de Manresa y Mollet del Vallés donde dormían hacinadas en condiciones de insalubridad.
En el marco de la operación ‘Joya-Aguyje’, ha sido desarticulada una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se ha liberado a seis víctimas que se encontraban bajo el control de la estructura delictiva.
En total han sido detenidas diez personas por los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra la integridad moral y organización criminal.
La banda criminal captaba a las víctimas en países de Sudamérica, principalmente Paraguay, mediante engaño, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad y ofreciéndoles unas condiciones de vida y laborales prometedoras. Otras mujeres eran captadas ya en España empleando el mismo modus operandi.
La red delictiva sufragaba todos los gastos y trámites necesarios para que las victimas captadas en países extranjeros y en España, recayesen en los dos pisos prostíbulo a disposición de la organización uno en la localidad de Manresa, y el otro en Mollet del Vallés.
Una vez se encontraban bajo el control físico de los miembros del entramado criminal, les retiraban sus teléfonos móviles y pasaportes, para posteriormente informarles de que habían contraído una deuda económica con la organización debiendo ser satisfecha con la ejecución de servicios sexuales.
Para ello, debían de estar disponibles 24 horas al día sin descanso, aunque estuviesen indispuestas, para mantener relaciones sexuales sin protección, padecer violencia física si el cliente lo requería e incluso para ser grabadas.
Las víctimas no disponían de libertad de movimiento, manteniendo la red criminal un control férreo sobre las mismas. Las mujeres eran confinadas en los dos pisos-prostíbulos donde estaban hacinadas, sin privacidad y en condiciones infrahumanas e insalubres.
