ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK han llevado a los tribunales los servicios mínimos «impuestos» por el Gobierno Vasco para la huelga de este martes en la función pública porque la orden «busca dejar sin derecho a la huelga a miles de trabajadores» y se ha hecho pública «en vísperas de la huelga para obstaculizar la eventual vía jurídica contra la misma».
Según han recordado los sindicatos ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK, fue el pasado 13 de febrero cuando hicieron pública la convocatoria de huelga para este martes, 12 de marzo, para todo el sector público de la Comunidad Autónoma Vasca y registraron formalmente la huelga hace 12 días, concretamente el 29 de febrero.
Sin embargo, han criticado que la Delegación de Trabajo del Gobierno Vasco ha publicado y notificado la orden de servicios mínimos el 8 de marzo, cuando «ha pasado un mes desde que hicimos pública la convocatoria de huelga y ocho días desde que la registramos formalmente».
Sin reuniones previas y con poca antelación
Además, han añadido que la orden «la ha publicado un viernes y en vísperas de la jornada de huelga, si atendemos a los días hábiles» y, además, lo ha hecho «sin ninguna reunión previa ni contraste con los sindicatos que representamos a los trabajadores y convocamos la huelga».
Los sindicatos han censurado que este comportamiento «se ha convertido en habitual para la delegación de Trabajo», que «Publica sistemáticamente las órdenes de servicios mínimos en vísperas de los días de huelga y sin llevar a cabo la fase de audiencia previa que antaño se materializaba con los sindicatos convocantes y las administraciones».
Las centrales sindicales han denunciado que la orden para este 12 de marzo «establece unos servicios mínimos superiores a los establecidos para las jornadas de huelga de octubre y diciembre, sin exponer razonamientos ni motivaciones suficientes».
Según han recordado, este pasado sábado presentaron una demanda contra la orden ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que solicitan la suspensión de la misma como medida cautelar para «evitar dejar sin derecho a la huelga a miles de trabajadores y trabajadoras».
El tribunal, han indicado, ha decidido «no adelantar la sentencia antes de la jornada de huelga, resolviendo que la decisión sobre la vulneración del derecho a la huelga se produzca una vez que se haya llevado a cabo todo el proceso judicial».
Los sindicatos han denunciado que con esta actitud, el Gobierno «pretende obstaculizar la utilización de la vía jurídica y/o la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de acciones frente a las vulneraciones del derecho de huelga y dejar a un mayor número de trabajadores sin opción a ejercer su derecho a la huelga».
«Cada vez mayores servicios mínimos»
Han acusado al Gobierno Vasco de estar «imponiendo paulatinamente unos servicios mínimos cada vez mayores, vaciando de contenido el derecho a la huelga y dejando a los trabajadores públicos cada vez más privados del derecho a la huelga».
En sectores como Osakidetza o Educación, han advertido, los servicios mínimos «dejan sin derecho a huelga a miles de trabajadores, ya que obligan a acudir a trabajar al 100% de los trabajadores como servicio mínimo mientras en el día a día no se garantiza ese personal».
Han afirmado que el Gobierno Vasco «ha dado un paso más en esta vulneración del derecho de huelga y pretende dejar sin derecho a huelga a todas las especialistas de apoyo educativo de la educación pública».
