El Tribunal Superior de Justicia cree prioritario crear en 2024 un nuevo juzgado de lo Social en Bilbao

Además, quieren crear uno de Primera Instancia en Donostia
El Tribunal Superior de Justicia cree prioritario crear en 2024 un nuevo juzgado de lo Social en Bilbao
Sede del TSJPV en Bilbao / EUROPA PRESS
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El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPJV) cree prioritario que se creen en 2024 el nuevo Juzgado de Primera Instancia número 9 de Donostia-San Sebastián y otro de lo Social, el número 13, en Bilbao.

El TSJPV ha aprobado un estudio elaborado por la vocalía de Organización Judicial sobre las necesidades de planta judicial en el País Vasco en el que propone al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación en 2024, de manera prioritaria, de esos dos nuevos órganos judiciales y que incluye otras medidas para mejorar el funcionamiento de los juzgados y tribunales vascos.

La propuesta ha sido ya remitida al CGPJ para elevarla al Gobierno central, que finalmente será el encargado de determinar el número de nuevos juzgados a crear este ejercicio y los que le corresponden a Euskadi.

En los últimos años, el Ministerio de Justicia ha aprobado la creación de entre 70 a 80 órganos judiciales para todo el Estado, y lo habitual ha sido que dos correspondan al País Vasco, de ahí que se haya fijado la prioridad únicamente en dos órganos judiciales.

El pasado año, de las necesidades planteadas por la Sala de Gobierno del TSJPV, el Ejecutivo del Estado respaldó la creación de una plaza en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Álava y el juzgado de Primera Instancia número 17 de Bilbao, que en la actualidad está todavía pendiente de entrada en funcionamiento.

Mapa judicial de necesidades de 2024

El estudio sobre el mapa judicial de necesidades para 2024 aprobado por el TSJPV parte del criterio fijado por el CGPJ que establece como referencia para atender la creación de nuevas unidades judiciales la superación durante tres años consecutivos del 130% del módulo de entrada.

En el caso del País Vasco, el informe muestra que en los últimos tres ejercicios (2012, 2022 y 2023) los 24 juzgados exclusivos de Primera Instancia (civil) que existen en la Comunidad Autónoma Vasca han superado ese nivel.

También han estado por encima de ese porcentaje, durante esos tres años, los juzgados de lo Social de Bilbao (con la excepción del último juzgado creado), el Penal número 7 de Bilbao, dedicado en exclusiva y de manera excluyente a las ejecutorias, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y la Primera de la Audiencia de Álava.

El documento añade que el Penal número 4 de Donostia-San Sebastián, también exclusivo y excluyente de ejecutorias, ha superado ese nivel en los ejercicios 2021 y 2022 y se ha quedado muy cerca (126 %) en 2023.

Creación prioritaria

Tras analizar la situación de cada uno de estos órganos, las necesidades estructurales y la disponibilidad de espacio y recursos para su implantación, el informe aprobado por el órgano de gobierno del TSJPV concluye que, de todos ellos, en estos momentos es prioritaria la creación del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Donostia-San Sebastián y el de lo Social número 13 de la capital vizcaína.

El informe explica que los juzgados de Primera Instancia están sufriendo un incremento gradual de la carga de trabajo que no es puntual, sino que, en «gran medida», viene producido por la adjudicación a estos órganos de la materia vinculada con las condiciones generales de contratación y el transporte aéreo, por lo que en los próximos ejercicios se prevé la necesidad de solicitar la creación de nuevos juzgados exclusivos de Primera Instancia en los partidos judiciales de Barakaldo, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia- San Sebastián.

El TSJPV también respalda, entre otras cuestiones, estudiar de forma individualizada la situación de los juzgados de lo Penal de Bilbao y de Donostia-San Sebastián para la creación de una nueva unidad judicial con competencia exclusiva no excluyente en materia de ejecución.

La finalidad es aligerar la carga de los juzgados de ejecutorias consiguiendo, a su vez, un reparto equitativo de carga de trabajo para los juzgados de lo Penal de ambos partidos judiciales.

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