La red ciudadana Sare ha afirmado este domingo que «el ámbito político y judicial» debería escuchar a los miles de ciudadanos que, este pasado sábado, exigieron en manifestación «una solución definitiva para los presos» de ETA sin «retorcer la ley». Además, ha pedido «audacia» a la Administración Penitenciaria vasca para que apueste por «medidas en régimen abierto».
Los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Bego Atxa han realizado, este domingo en Bilbao, una valoración de la marcha que, convocada por la red ciudadana bajo el lema ‘Behin Betiko konponbidea, elkarbizitza, bakea‘ (Definitivamente. Resolución, paz, convivencia), pidió «abrir las puertas de las celdas» a los presos de ETA con la legislación ordinaria.
En declaraciones a los medios informativos, Azkarraga, que ha cifrado entre 67.000 y 70.000 las personas que participaron en la marcha, ha asegurado que esta «impresionante cifra» se debería tener en cuenta «en el ámbito político y en el judicial», porque demuestra que «una parte importante de la sociedad vasca echa de menos una solución definitiva a las consecuencias de un conflicto que ha durado décadas y que ha causado mucho sufrimiento a nuestro país».
Tras asegurar que «hay que sellar las consecuencias de ese conflicto», ha añadido que ese objetivo requiere «dejar de manipular el dolor de las víctimas», que «deben contar con el respaldo, con el apoyo, con el reconocimiento de ese dolor».
El reconocimiento debe ser, según ha apuntado, «para todas las víctimas de todas las violencias» porque «no es posible que, ante sufrimientos iguales, la actitud de la justicia» y sus «varas de medir» sean «diferentes».
Además, ha insistido en buscar «una solución definitiva» a la cuestión de los presos de ETA, sin «retorcer ninguna ley», sino aplicando la misma normativa penitenciaria que «a los miles y miles» de reclusos «que hay en el conjunto de las cárceles del Estado».
También ha apuntado que «todavía queda pendiente» la aplicación de la modificación del cómputo de penas, de la que aún no se ha beneficiado ningún preso de ETA, y ha denunciado la vigencia de «leyes de carácter excepcional» como las del cumplimiento «íntegro y efectivo de hasta 40 años de privación de libertad».
