El Gobierno Vasco ha rechazado de manera firme el proyecto de modificación del Real Decreto 640/2021, que regula la creación y reconocimiento de nuevas universidades. Así lo trasladará este jueves el viceconsejero de Universidades, Xabier Aizpurua, durante su intervención en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que se celebra en Valencia.
Esta conferencia es el principal órgano de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia universitaria, donde se debaten iniciativas que afectan directamente al modelo educativo y a las competencias territoriales.
Críticas al procedimiento y fondo del proyecto
En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha denunciado que la reforma planteada «altera de forma sustancial el régimen jurídico universitario». El Gobierno Vasco reprocha que no se ha permitido a las comunidades autónomas el preceptivo trámite de audiencia, a pesar de haber presentado alegaciones el pasado 15 de abril, sin respuesta hasta la fecha.
El rechazo se basa en varios motivos. En primer lugar, critica la tramitación de urgencia del proyecto «sin justificación adecuada», a pesar de tratarse de un asunto de gran importancia. Además, señala una invasión competencial, ya que la reforma, según el Ejecutivo vasco, «contraviene el reparto constitucional de competencias y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional«.
Riesgos para la diversidad y calidad universitaria
El Gobierno Vasco también cuestiona la oportunidad del proyecto, al considerar que crea un marco normativo «restrictivo» que dificulta la incorporación de nuevas universidades. A su juicio, esto afecta negativamente a la diversidad y calidad del sistema universitario.
Entre las medidas más controvertidas, el Ejecutivo vasco destaca la atribución exclusiva al Estado de las competencias sobre universidades on-line, lo que considera una «centralización contraria a las competencias autonómicas». También rechaza que los informes de las agencias de calidad pasen a ser vinculantes, lo que, según Aizpurua, «limita la capacidad legislativa de los parlamentos autonómicos».
Nuevas exigencias: más requisitos y menos flexibilidad
Otra de las críticas es la elevación de dos a tres de los programas de doctorado obligatorios para las universidades, una medida que, en opinión del Gobierno Vasco, «dificulta la especialización». Además, el proyecto impone un mínimo de 4.500 estudiantes, algo que el Ejecutivo vasco cuestiona recordando que «algunas de las mejores universidades del mundo cuentan con cifras inferiores».
El Gobierno Vasco también denuncia que la reforma limita la capacidad de las universidades para solicitar nuevas titulaciones o modificaciones sustanciales de las existentes, restringiendo «de forma inconstitucional» el ejercicio de un derecho fundamental.
Para concluir, el Ejecutivo recuerda que la creación de universidades es un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y subraya que cualquier regulación debe respetar el marco competencial y contribuir a fortalecer un sistema universitario «plural, riguroso y de calidad».
