El Gobierno vasco espera que en un plazo de dos meses se celebre la Junta de Accionistas de Talgo que dé por cerrada la operación de compra por parte del consorcio liderado por Sidenor, en el que participan también el propio Ejecutivo autonómico, BBK, Vital y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Así lo ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, quien ha valorado como «un paso imprescindible» la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros de una aportación de 75 millones de euros por parte de SEPI, que se traducirá en 45 millones a través de una ampliación de capital y otros 30 mediante un préstamo convertible en acciones.
Una operación compleja pero en la recta final
Jauregi ha reconocido que ha sido un proceso «más largo de lo esperado», con «muchas aventuras», pero ha asegurado que ahora se está ya en condiciones de cerrar los acuerdos de financiación, gracias al refuerzo de 150 millones en fondos propios que aportarán tanto SEPI como el consorcio vasco.
A falta de fijar fecha para la Junta de Accionistas, el consejero cree que se celebrará «en un par de meses», momento en el que se aprobarán formalmente la ampliación de capital y los préstamos convertibles.
La meta: reforzar el proyecto industrial y devolver la sede a Euskadi
La operación permitirá a Talgo desarrollar su cartera de pedidos con garantías y reforzar su capacidad industrial en Rivabellosa, donde se ubica su principal planta productiva. Jauregi ha subrayado que uno de los objetivos del Gobierno vasco es lograr que la sede social de Talgo vuelva a Euskadi, tras su salida en los años 70 por la presión de ETA.
El consejero ha defendido el plan como una iniciativa “seria”, orientada a generar más industria, mejor industria y menos emisiones, y ha asegurado que no teme presiones desde Madrid. “Aquí no hay regalos, hay sudor y lágrimas”, ha afirmado, apostando por un discurso «sereno y racional» que pueda convencer a todas las partes.
