El Gobierno de España buscará este viernes en una reunión de ministros de la UE el respaldo político a avanzar en el estudio de su propuesta para el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, tras varios intentos fallidos para que esta medida, que requiere el respaldo por unanimidad de sus socios, fuera sometida al voto de los 27 para su adopción.
Desde que el Ejecutivo pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto de las lenguas cooficiales se ha incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE –cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, otra cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y una sexta, en mayo con Polonia–.
Esta vez no se presenta como un «punto para adopción» –como pidió España en citas anteriores–, sino como un mero punto de debate, lo que en la práctica supone dejar margen al secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, para solicitar en el último momento una votación si así lo considera.
El debate del pasado mayo fue «duro», según cuentan varias fuentes diplomáticas, ya que a la decena de países que habían expresado sus reservas en reuniones preparatorias, se sumó Alemania, cuyo representante tomó la palabra para rechazar de plano la votación y cuestionar la falta de información.
El Lehendakari, Imanol Pradales, y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han remitido este jueves una carta a los ministros de Exteriores de los 27 países de la UE en la que piden que den luz verde a que el euskera, el catalán y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión. A su juicio, «ha llegado el momento» de reconocerlas como «plenamente oficiales», 40 años después de la entrada del Estado español «en la casa común europea», un planteamiento que cuenta con «un amplísimo respaldo social».
En la misiva, escrita en inglés y con referencias a autores e intelectuales que escribieron en euskera, catalán o gallego, han afirmado que, tras 40 años desde la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (la actual UE), debe completarse el proceso de reconocimiento de sus lenguas oficiales en las instituciones europeas.
Lo justifican por la singularidad de la realidad española en esta cuestión, por el hecho que es una solicitud iniciada hace años y por las garantías ofrecidas al resto de Estados miembros por parte de España. «Deberían ser suficientes para resolver lo que, en el fondo, es una anomalía fácilmente abordable», aseguran.
Recuerdan que ya en 1985 se abordó esta cuestión en las negociaciones para la adhesión, que el debate se pospuso, pero que «la reivindicación de la igualdad de derechos lingüísticos nunca desapareció», y lo ejemplifican con los acuerdos de 2005 para su uso en las instituciones comunitarias.
Además, sostienen que estas tres lenguas son habladas a diario por millones de personas, que tienen niveles de producción cultural y comunicativa «plenamente comparables a los de otras lenguas ya reconocidas como oficiales», y qque son «erlementos clave de cohesión y vertebración social».
