El Foro Zedarriak ha presentado su séptimo informe llamado: «Euskadi ante el reto de la vivienda«. Un documento que alerta de que el acceso a un hogar se ha convertido en una barrera estructural para la cohesión social y la competitividad del territorio. La organización propone un nuevo contrato habitacional vasco basado en la corresponsabilidad entre instituciones, empresas y ciudadanía.
Según el informe, la vivienda se ha consolidado como uno de los principales termómetros del bienestar en Euskadi. El 51% de la ciudadanía la identifica ya como su mayor preocupación, cuatro puntos más que a comienzos de 2025, y sus dificultades de acceso condicionan tanto las expectativas vitales como la capacidad de atraer y retener talento.
La vivienda como derecho
Zedarriak subraya que, pese al papel esencial de la propiedad privada y la iniciativa empresarial, la vivienda debe ser entendida como un derecho básico al mismo nivel que la salud o la educación. El informe alerta de que el lenguaje centrado únicamente en el “mercado” condiciona la forma en que se comprenden los retos y limita la visión estratégica.
En este diagnóstico, los datos son contundentes. El alquiler alcanzó en 2024 una media de 835 euros mensuales, un 6,3% más que el año anterior. Tres de cada diez hogares destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, frente al 20,6% de la media europea. En propiedad, la cuota hipotecaria se situó en 769,5 euros en el primer trimestre, lo que eleva el esfuerzo financiero por encima del 30% del salario medio.
Crisis Agravada por fenómenos emergentes
A ello se suma un panorama marcado por la baja emancipación juvenil, solo el 35% de las personas jóvenes viven fuera del hogar familiar, la existencia de 43.000 viviendas vacías y un aumento del 40% de las viviendas turísticas en cinco años. La brecha entre áreas urbanas saturadas y municipios rurales en declive también se intensifica, lo que profundiza las desigualdades territoriales.
El informe incorpora además factores emergentes que amplifican la sensación de bloqueo estructural, como la falta de suelo disponible, la necesidad de rehabilitación energética de un parque construido antes de 1980 en un 70%, o los nuevos desafíos derivados de la transición climática, energética y digital.
Cinco ejes de transformación
Zedarriak destaca que la vivienda es una pieza central en las grandes transformaciones que afrontará Euskadi en las próximas décadas. El envejecimiento poblacional exige barrios concebidos como ecosistemas de cuidados, mientras que la transición energética y la digitalización del parque edificado abren la puerta al autoconsumo, las comunidades energéticas locales y herramientas como el Gemelo Digital.
El enfoque territorial es también clave: equilibrar la presión de las capitales con la revitalización rural resulta imprescindible para garantizar condiciones dignas para vivir y trabajar en todo el territorio.
Nuevo contrato habitacional
El informe reconoce los avances del actual Plan de Vivienda del Gobierno Vasco, pero advierte de que la problemática supera las competencias del área y requiere una estrategia transversal y de largo plazo. Zedarriak define la vivienda como infraestructura crítica, equiparable al transporte o la energía, y reclama superar la división actual mediante nuevas formas de gobernanza y colaboración.
La hoja de ruta propuesta incluye 42 iniciativas concretas organizadas en cinco ejes de transformación: activar el parque existente, impulsar nueva construcción sostenible, reforzar la gobernanza institucional, desarrollar instrumentos financieros innovadores y construir una visión territorial compartida basada en datos abiertos.
Zedarriak propone también reforzar la movilización de vivienda vacía mediante modelos de gestión innovadores, combinando la garantía pública con la iniciativa comunitaria. En esta línea, cita el trabajo impulsado por Alazti Fundazioa, Bizitegi y Peñascal Kooperatiba, centrado en ofrecer alojamientos temporales a personas en riesgo de exclusión.
Reforzar el músculo financiero
El Foro sostiene que Euskadi cuenta con las capacidades necesarias para situarse a la vanguardia europea en política de vivienda, pero advierte de que es imprescindible incrementar la escala de inversión. Pese a los avances y la innovación institucional, el déficit estructural de oferta requiere un impulso financiero sostenido.
