El proceso de regularización de migrantes es una competencia que depende «exclusivamente» del Ejectutivo español. Así ha dejado claro el Gobierno Vasco que su ámbito de actuación queda limitado al marco informativo en el que se puede mover la administración vasca. Asimismo, ha insistido que esta competencia no se encuentra ante las cecidas y que «no le convierte en autoridad competente para activar la regularización».
En Euskadi hay más de 20.000 personas que cumplen los requisitos para solicitar su regularización administrativa. Estos pasan por demostrar que llevan en el Estado más de 5 meses ininterrumpidamente, haber llegado antes del 31 de diciembre, disponer de documentos que pudan acreditar dicha información (empadronamiento, facturas…), además de no tener ningún tipo de antecente penal. De esta manera, se podrían solicitar ap proceso de regularización que está previsto que arranque durante el mes de abril.
El Gobierno Vasco recuerda su ámbito
La fecha se aproxima. El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Democrático ha querido recordar que «se trata de un proceso de competencia estatal, tanto en su definición normativa como en su eventual aprobación y puesta en marcha». Un anuncio que han dado tras las recientes informaciones del Gobierno de España en relación con el proceso de regularización extraordinario.
Según la comunicación oficial del Ministerio, lo anunciado entonces era el inicio de la tramitación de un real decreto y una previsión de arranque de solicitudes «a principios de abril» o «en un plazo aproximado de dos meses, una vez cumplidos los trámites preceptivos», y que «también recogida por distintos medios de comunicación».
Durante el proceso que ha traído hasta la fecha, el Ejecutivo vasco ha querido aportar sus apreciaciones y se ofreció a colaborar en la formulación de la preparación regultaria. Pero desde el Ministerio, señalan desde el Gobierno Vasco, se les «dejó claro» que la regularización extraordinaria sería «un proceso gestionado íntegramente por el Estado, sin necesidad de implicación operativa de las comunidades autónomas».
Evitar la especulación y la desinformación
Por ello, la postura del Gobierno Vasco se limitará dentro de las funcionas que le competen. Este «se limita a actuar con rigor institucional: informar con veracidad cuando exista una norma estatal definitiva, analizar su alcance y facilitar a la ciudadanía información fiable, evitando especulaciones o anuncios prematuros», ha indicado Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Democrático.
En este sentido, el Gobierno Vasco «ha trabajado desde el primer momento con corresponsabilidad, anticipación y lealtad institucional«, pero que la decisión, la regulación y la gestión del proceso extraordinario «corresponden exclusivamente al Estado español».
