La Diócesis de Bilbao y Cáritas Bizkaia han recibido con optimismo la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes. Para ambas instituciones, esta decisión no es solo un trámite administrativo, sino una medida de responsabilidad política y ética fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva donde se respeten los derechos humanos.
Un freno a la exclusión estructural
Las entidades eclesiásticas consideran que este proceso representa una oportunidad histórica para romper con la exclusión estructural que sufren miles de ciudadanos. Según han manifestado en un comunicado conjunto, la regularización permitirá que personas que ya forman parte de nuestra comunidad puedan participar plenamente en la vida económica y social, favoreciendo una convivencia cohesionada y dignificando la situación de quienes abandonaron su tierra en busca de futuro.
Exigencia de trámites presenciales y ágiles
A pesar de la satisfacción por la medida, existe preocupación por la complejidad técnica del proceso. Por ello, han instado a la Administración Pública a dotar de recursos suficientes al sistema para que la regularización sea efectiva. Susana Cuesta, responsable jurídica de Cáritas Bizkaia, ha advertido que es imprescindible ofrecer opciones de registro presencial de expedientes. Sin una tramitación preferente y accesible, la normativa corre el riesgo de convertirse en papel mojado para los colectivos más vulnerables.
La realidad de la inmigración en Euskadi
Los datos reflejan la urgencia de esta medida en el territorio. Según el informe FOESSA, en Euskadi residen más de 315.000 personas migrantes, de las cuales un 41% se encuentra en situación de exclusión social. El delegado de Cáritas, Manu Moreno, ha insistido en que la regularización es un acto de justicia que debe visibilizar a quienes hoy son invisibles para el sistema, recordando el apoyo social que supuso la ILP respaldada por más de 600.000 firmas.
Impacto en la atención y derechos básicos
La directora de Cáritas Bizkaia, Elena Unzueta, ha aportado cifras locales que contextualizan la magnitud del reto: en 2025, la entidad atendió a más de 4.700 personas en situación irregular. Unzueta ha subrayado que obtener el permiso de residencia y trabajo es la llave para acceder con normalidad a derechos básicos como la sanidad, la vivienda o la educación, permitiendo a estas personas realizar gestiones cotidianas sin el miedo constante que genera la irregularidad.
