El comité de empresa de Tubos Reunidos ha acusado a las instituciones públicas de no haber fiscalizado adecuadamente el dinero público destinado a la compañía y de mantener hasta ahora un papel “insuficiente” ante la crisis que atraviesa la acería.
Representantes de ELA, LAB y ESK han comparecido este martes en el Parlamento Vasco para trasladar su preocupación por el futuro industrial de la empresa y defender que el origen de la situación actual “no está en la plantilla ni en la huelga”, sino en problemas financieros y decisiones de gestión.
“El ERE no solucionó nada”
El comité ha recordado que la deuda de la compañía se disparó tras un crédito de 170 millones solicitado en 2008 y ha criticado que la dirección no haya garantizado la viabilidad del proyecto industrial.
Los representantes sindicales han denunciado además una “falta de transparencia” durante todo el proceso y han asegurado que el ERE planteado por la empresa “no solucionó nada” porque no atacaba el verdadero problema económico de fondo.
Tras la suspensión del despido colectivo y la entrada en concurso de acreedores, el comité considera que se abre una nueva etapa en la que debería existir una negociación “real”, con participación de todas las partes y con información completa sobre la situación de la empresa.
Críticas a la gestión de la deuda
Los sindicatos han cuestionado especialmente el control ejercido sobre las ayudas públicas y el papel de la SEPI. Según han denunciado, parte de los fondos se habrían utilizado para pagar deuda privada mientras la deuda pública seguía pendiente.
“Todo el mundo habla de Tubos Reunidos, pero nadie habla con Tubos Reunidos”, han lamentado, al tiempo que han asegurado que la dirección no mantiene reuniones con el comité desde el pasado 13 de marzo.
Apoyo político a la plantilla
Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a los trabajadores, aunque con distintos enfoques. EH Bildu y Sumar han señalado directamente a la dirección y a los propietarios de la empresa como responsables de la situación.
PNV y PSE han apostado por buscar soluciones industriales y financieras que permitan garantizar la continuidad de la actividad y el empleo, mientras que el PP ha criticado la falta de control institucional en crisis empresariales similares ocurridas en Euskadi durante los últimos años.
