Bilbao
La aprobación de un nuevo Real Decreto impulsado por el Ministerio de Sanidad busca poner freno al intrusismo en el ámbito de la cirugía estética y reforzar la seguridad de los pacientes. La norma responde a una reivindicación histórica del colectivo médico y pretende establecer qué profesionales pueden realizar determinados procedimientos.
El doctor Jaime Caramés, cirujano plástico del IMQ, ha explicado las claves de esta regulación y sus implicaciones para pacientes y profesionales.
Una especialidad muy desconocida
Uno de los principales problemas que ha favorecido el intrusismo es la confusión existente entre cirugía plástica y cirugía estética.
Caramés ha recordado que la especialidad se denomina en realidad Cirugía plástica reparadora y estética, y que la parte estética es solo una de sus ramas.
Además, ha señalado que los procedimientos estéticos se realizan fundamentalmente en el ámbito privado, lo que ha facilitado durante años que médicos de otras especialidades se anuncien como “cirujanos estéticos”, una denominación que puede generar equívocos.
Según ha explicado, esta situación ha provocado que algunos profesionales sin la formación específica realicen tratamientos estéticos con consecuencias que en ocasiones acaban convirtiéndose en noticia.
Una regulación largamente reivindicada
El nuevo decreto responde a una demanda histórica de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, que llevaba tiempo reclamando una regulación clara sobre qué médicos pueden realizar determinados procedimientos estéticos.
Hasta ahora, desde un punto de vista legal, cualquier médico con la licenciatura en Medicina podía realizar procedimientos médicos, incluidos algunos de carácter estético.
Esto ha abierto la puerta a que muchos profesionales ofrezcan tratamientos sin contar con la formación especializada de un cirujano plástico o de otras especialidades médicas relacionadas.
La llamada “ley Sara”
La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó el decreto en marzo y lo vinculó al caso de Sara Gómez, una joven que falleció en 2022 tras someterse a una intervención estética realizada por una persona sin la formación requerida.
Por este motivo, el decreto ha sido denominado en algunos ámbitos como “ley Sara”, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
El auge de las clínicas estéticas “low cost”
Otro fenómeno que preocupa al sector es el crecimiento de clínicas estéticas de bajo coste, que ofrecen tratamientos con precios muy reducidos.
Según explica Caramés, en muchos casos se trata de centros que contratan profesionales cuya formación o especialización no siempre queda clara para el paciente.
En algunas ocasiones, estos centros llegan a cerrar de forma repentina, dejando a los pacientes sin seguimiento médico o incluso sin los tratamientos ya pagados, una situación que también se ha producido en otras áreas sanitarias como la odontología.
Por ello, el especialista insiste en que el paciente debe comprobar siempre la formación del profesional al que acude.
Botox, rellenos y medicina estética
Uno de los puntos que genera más dudas es quién puede realizar tratamientos estéticos no quirúrgicos, como inyecciones de botox o ácido hialurónico.
Caramés explica que, legalmente, no siempre es obligatorio que estos procedimientos los realice un cirujano plástico.
En la actualidad existen programas formativos como los másteres en medicina estética, que permiten a médicos sin especialidad anunciarse como médicos estéticos y realizar determinados tratamientos.
Sin embargo, el especialista subraya que estos profesionales no han seguido el mismo proceso formativo que un cirujano plástico o un dermatólogo, especialidades que sí cuentan con una formación regulada dentro del sistema MIR.
Un paso importante, pero con retos
El decreto entrará en vigor el 1 de julio, y el colectivo de cirujanos plásticos valora positivamente la medida porque supone un avance en la regulación del sector.
No obstante, el doctor Caramés advierte que el verdadero reto será cómo se aplicará la norma en la práctica y si será posible controlar todos los centros donde se realizan tratamientos estéticos.
Según explica, en muchas clínicas ya se exige acreditar la formación de los profesionales, pero todavía existen centros con controles más laxos, donde será más difícil garantizar el cumplimiento de la normativa.
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