La Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia ha respaldado los principales ejes de la nueva ley de reforma judicial. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha valorado positivamente medidas como la institucionalización de becas públicas, la introducción de pruebas prácticas para acceder a la judicatura y la ampliación de mecanismos democráticos internos. Ha subrayado que «la independencia judicial no está en riesgo» y ha rechazado las protestas promovidas por otras asociaciones. Rodríguez ha sido el protagonista de la entrevista de EgunOn Bizkaia, con Koldo Campo.
Un paro que no representa a toda la judicatura
Edmundo Rodríguez ha aclarado que su asociación no ha participado en el paro de 10 minutos convocado por otras agrupaciones judiciales. «No nos llamaron, pero no lo hubiéramos apoyado. Este proyecto tiene elementos positivos y mejorables, pero no afecta a la independencia judicial», ha afirmado. Rodríguez ha señalado que el nuevo texto legislativo introduce medidas razonables como la legalización de las becas públicas para preparar oposiciones, la creación de un centro público de formación o el voto telemático en las salas de gobierno. «Establecer becas con rango legal evita que dependan del color del gobierno de turno», ha dicho.
Acceso más justo y profesional a la carrera judicial
Entre las novedades más relevantes, el magistrado ha destacado la reintroducción de una prueba práctica para ingresar en la carrera judicial. «Somos el único país de Europa que no la tiene. No se trata de politizar nada, sino de garantizar que quienes acceden a la judicatura sean capaces de aplicar los conocimientos», ha subrayado.
Rodríguez ha recordado que muchos preparadores de oposiciones son jueces y fiscales, y que el Consejo General del Poder Judicial exige que esa actividad se declare. Además, ha aplaudido que la nueva ley contemple que esa actividad tenga obligación de declararse también ante Hacienda.
Una carrera judicial infradotada
En la entrevista también se ha puesto el foco sobre la escasez de jueces y fiscales. «Con 5.500 jueces y menos de 3.000 fiscales no se puede atender la creciente litigiosidad. Necesitamos entre 500 y 600 incorporaciones nuevas al año y no se están cubriendo», ha advertido. Por otro lado, aunque la asociación comparte la necesidad de regular la situación de jueces sustitutos, Rodríguez ha considerado insuficiente el requisito de cinco años de experiencia. «El cuarto turno ya permite la entrada con más garantías. Esta nueva vía, tal y como está, puede generar confusión y desinformación», ha lamentado.
Mejoras en elecciones internas y conciliación
La ley incorpora cambios como el voto telemático y la participación en pleno de las salas de gobierno. También se eliminan medidas impopulares como el traslado forzoso para conciliar. «Se avanza hacia un modelo más plural y profesional», ha resumido Rodríguez.
La justicia, en el foco mediático
El magistrado ha reconocido que la sobreexposición mediática de los jueces genera incomodidad en la profesión. «Muchos conflictos políticos acaban judicializados. Nos vemos obligados a intervenir aunque no nos guste estar en el candelero», ha concluido.
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