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El sindicato ELA ha decidido dar un paso al frente y llevar a los tribunales a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA por lo que califica como una actuación de mala fe en la negociación colectiva y una vulneración constante del derecho sindical. La denuncia responde a un persistente bloqueo y al incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados con las trabajadoras de los centros de iniciativa social, una situación que, según denuncian desde la organización sindical, se repite de manera idéntica desde hace más de una década.
La responsable de educación de ELA, Leire Sangroniz, ha explicado con crudeza el modus operandi que emplean las patronales, el cual se resume en tres fases calcadas a lo largo de los años. Según detalla la representante sindical, tras una dinámica de huelgas muy potentes se firma un acuerdo que contempla mejoras laborales significativas, pero inmediatamente se incumple una parte fundamental de dicho pacto. Ante esta situación, las trabajadoras se ven obligadas a acudir al TSJPV, donde los jueces les acaban dando la razón, aunque las patronales optan por recurrir al Tribunal Supremo para seguir retrasando la aplicación de lo pactado.
Enrocamiento judicial
Para ilustrar este bucle judicial, Sangroniz ha recordado los precedentes de los últimos quince años. Ya en el año 2010, las patronales intentaron aplicar reducciones salariales del 5% bajo el pretexto de recortes en la financiación gubernamental. Posteriormente, en el año 2019, intentaron no aplicar determinados contenidos pactados tras veintinueve días de huelga amparados en el convenio vigente, una estrategia dilatoria que también se repitió con las subidas salariales acordadas tras las movilizaciones de los cursos veintitrés y veinticuatro.
El último capítulo de este prolongado conflicto afecta directamente a la reducción de las horas lectivas del profesorado. El acuerdo alcanzado en febrero de dos mil veinticuatro establecía que, a partir del curso dos mil veinticinco y dos mil veintiséis, los docentes tendrían una hora lectiva menos y una hora más para tareas de preparación. Sin embargo, ante el nuevo incumplimiento, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha vuelto a obligar a las patronales a cumplir el acuerdo, aunque estas han respondido interponiendo un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.
Lo más grave, según subraya el sindicato, es que en todos estos procedimientos el argumento que esgrimen para intentar eludir lo que ellos mismos firmaron es exactamente el mismo: la supuesta falta de financiación por parte del Gobierno Vasco. Esta continua judicialización de los derechos laborales ha llevado a ELA a anunciar una nueva y contundente movilización prevista para el próximo treinta de septiembre, la cual tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz coincidiendo con el acto oficial de inicio de curso de la patronal Kristau Eskola.
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