Sociedad
La regularización de personas migrantes vuelve a estar en el centro del debate político y social tras la aprobación el pasado martes en el Consejo de Ministros del Real Decreto que reforma el Reglamento de Extranjería, agilizando los procesos de arraigo y facilitando la incorporación al mercado laboral de miles de personas. En una entrevista concedida al programa EgunOn Bizkaia, Ignacio Fariña, responsable de Acogida e Integración de personas migrantes del Gobierno Vasco, ha defendido que este proceso no es solo una cuestión de derechos, sino un motor estratégico para la cohesión social.
Fariña ha sido tajante al explicar la urgencia de facilitar estos procesos, señalando que «es buena porque son personas que ya están viviendo entre nosotros en una situación de irregularidad que les crea dificultades de acceso al empleo». El director enfatiza que el objetivo principal debe ser «desvincular la inmigración de la pobreza», permitiendo que quienes ya son nuestros vecinos puedan participar plenamente en la ciudadanía.
Los datos históricos avalan esta postura. Recordando experiencias previas como la de 2005, se destaca cómo el afloramiento de trabajadores al sistema de Seguridad Social genera un beneficio mutuo para todo el sistema. «Todos los análisis económicos serios recogen que la regularización causa un efecto de bonanza económica», ha subrayado Fariña.
El riesgo de una «sociedad dual»
Uno de los mayores temores de la administración vasca es la consolidación de dos mundos paralelos que convivan sin interactuar. Fariña advierte que negar la realidad administrativa de estas personas genera problemas sociales de difícil solución a largo plazo y una compartimentación total de la sociedad. «Si se sigue negando esa realidad, vamos a tener problemas en Europa bastante importantes», ha señalado.
Retos para los ayuntamientos y falta de coordinación
A pesar del optimismo por la medida, Fariña ha lamentado la falta de sintonía con el Ejecutivo central en la gestión operativa, revelando que se han ofrecido al Gobierno de Madrid para facilitar que el tránsito sea universal, pero de momento han rechazado esa colaboración. Esta situación preocupa especialmente por el impacto en la administración local, ya que los ayuntamientos deberán gestionar los informes de vulnerabilidad esenciales para el proceso, lo que hace prever un desborde en los servicios municipales ante la avalancha de solicitudes. En este sentido, el Gobierno Vasco echa en falta un trabajo previo de coordinación que prepare adecuadamente a las administraciones locales para enfrentar esta «tarea común» con agilidad.
El «calvario» de la homologación
Para mitigar estas dificultades, el departamento ha impulsado una guía de orientación, aunque reconoce obstáculos externos significativos. Mientras que las competencias técnicas son más sencillas de reconocer mediante demostración práctica, el acceso al reconocimiento de titulaciones universitarias sigue siendo un «verdadero calvario» que se alarga durante años. Fariña concluye apelando a la madurez de la sociedad vasca: «Somos una sociedad avanzada que puede intervenir en estos problemas; fuera miedos, hemos hecho cosas mucho más complejas».
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