«El Gobierno Vasco es la mayor ETT del país», ha señalado Igor Eizagirre, responsable de Gizalan-Sector Público del Sindicato ELA, en los micrófonos de EgunOn Bizkaia. Eizagirre ha dado cuenta de la ronda a la que convocaron en la jornada de ayer a los partidos políticos que obtuvieron representación por la CAV en las pasadas elecciones generales. En este sentido, ha señalado que solo EH Bildu y Sumar acudieron a la invitación, que el PNV la declinó y que PSE, Podemos y Partido Popular ni tan siquiera respondieron.
«Hay más de 120.000 trabajadores privatizados», ha criticado Eizagirre y ha afirmado que esa situación convierte al Gobierno Vasco en » la mayor ETT de este país». «Pedimos que se puedan negociar las elecciones desde aquí. Se habla mucho de reforzar los servicios públicos pero creemos desde los sindicatos que no se está haciendo nada para reforzarlos», ha afirmado Eizagirre.
Decidir en Euskadi
«Lo que estamos pidiendo es que se quiten los vetos que se imponen en Madrid», ha afirmado sobre el motivo de la reunión con los partidos, a los que les piden una enmienda que garantice que sea en Euskadi donde se decidan las condiciones de los trabajadores del sector público. «Pedimos poder decidir nuestras condiciones aquí», ha afirmado el responsable de ELA. Además, ha señalado que «no podemos decidir la plantilla de nuestros ambulatorios, de la educación de nuestro país» y ha reclamado poner fin a esta situación. «Tenemos unas necesidades que no se están cumpliendo», ha señalado Eizagirre. «Es Madrid quien decide. Y eso se está dando con los partidos que dicen ser soberanistas», ha criticado.
Sobre la reacción de los partidos, ha mostrado su sorpresa por la reacción de Sumar. Sumar nos sorprendió gratamente pero por otro lado nos dicen que es muy interesante y que se puede defender en Madrid. «Es sorprendente que un partido que presenta la enmienda nos diga que puede hacer suya nuestra propuesta», ha explicado Eizagirre.
Por todo esto, han solicitado a los partidos que presenten una enmienda que tenga en cuenta tres cuestiones. «Que no sea Madrid quien decida, que se posibiliten los procesos de estabilización excepcionales y que lo que se negocie en Madrid no sea un límite, sea un mínimo», ha explicado Eizagirre.
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