La directora general del Instituto de Juventud del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Margarita Guerrero, ha visitado Bilbao en el marco de la elaboración de la futura Ley de Juventud. Durante su paso por Euskadi, Guerrero ha destacado la importancia de escuchar a la juventud para integrar sus preocupaciones y necesidades en este nuevo marco legislativo.
Un compromiso con la juventud
La futura ley responde al compromiso de la ministra Sira Rego de desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española. «Estamos recorriendo el país porque queremos conocer la realidad de los jóvenes en cada territorio», ha explicado Guerrero, subrayando que Euskadi ya cuenta con su propia Ley de Juventud, aprobada en 2022, que servirá de inspiración para la normativa estatal. En este sentido, ha destacado el modelo de la Red Vasca de Emancipación Juvenil como un referente a nivel nacional.
Ejes principales de la ley
Guerrero ha detallado los cuatro pilares sobre los que se articulará la Ley de Juventud:
- Derechos económicos y cobertura social, abordando temas como el empleo y el acceso a la vivienda.
- Participación política y derechos democráticos, con especial atención a la incorporación de la juventud en la toma de decisiones.
- Salud mental y bienestar emocional, una de las preocupaciones crecientes entre los jóvenes.
- Derechos generacionales y crisis ecosocial, asegurando medidas para garantizar el futuro de las próximas generaciones.
«No se trata solo de una ley, sino de un enfoque transversal que garantice que la perspectiva de juventud esté presente en todas las políticas públicas», ha señalado.
El reto del acceso a la vivienda y la precariedad laboral
Uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la juventud es la dificultad para acceder a una vivienda. «Los jóvenes se emancipan más tarde y en condiciones precarias. Hay que cambiar la regulación del alquiler y garantizar el derecho a una vivienda digna», ha indicado la directora general.
En materia laboral, Guerrero ha enfatizado la necesidad de combatir la precariedad juvenil. «No es asumible una discriminación por edad en políticas como el Ingreso Mínimo Vital. Los jóvenes de 18 a 23 años no pueden acceder a esta prestación y los de 23 a 30 tienen requisitos más estrictos. Es fundamental corregir esta desigualdad», ha denunciado.
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