El doctor en Derecho Internacional e investigador de la UPV/EHU, Aritz Obregón, ha pasado por los micrófonos de EgunOn Bizkaia para ofrecer una visión jurídica del conflicto en Gaza, alejándose de los titulares bélicos y poniendo el foco en los procesos abiertos ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Netanyahu, pendiente de una orden de arresto internacional
Obregón ha recordado que la CPI mantiene en vigor una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Galant. «Todos los estados que han ratificado el Estatuto de Roma están obligados a detenerle si pisa su territorio», ha explicado. Sin embargo, ha reconocido que «algunos países como Hungría ya han mostrado su negativa a colaborar».
Aunque ve improbable una detención inmediata, el experto subraya que estas órdenes tienen consecuencias: «Netanyahu no puede moverse con total libertad y debe planificar con cuidado sus viajes internacionales».
La CPI también quería juzgar a líderes de Hamás
Obregón ha matizado que la intención inicial del fiscal de la CPI era procesar también a tres altos cargos de Hamás, entre ellos Ismael Haniyeh y Mohammed Deif. «Dos de ellos han muerto y otro fue ejecutado en Irán, por lo que esas vías quedan cerradas», ha señalado.
Justicia universal: una herramienta limitada en España
El investigador ha apuntado que «otros países como Brasil o Chile están explorando la vía de la justicia universal para perseguir crímenes de guerra», pero ha lamentado que «en España esta herramienta fue desmantelada con la última reforma legal». Ha mencionado que Sumar ha propuesto una ley para recuperarla.
La CIJ investiga el posible genocidio
En paralelo al proceso penal, la Corte Internacional de Justicia estudia una demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en Gaza. «El tribunal ha considerado plausible la acusación, pero el proceso durará años», ha advertido Obregón. Ha precisado que «demostrar la intencionalidad genocida es el mayor reto jurídico».
Informes clave desde Naciones Unidas
Durante la entrevista, Obregón también ha aludido a los informes de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados. «Ha sido una de las primeras voces en calificar los hechos como genocidio y ha documentado la colaboración de empresas internacionales en la ocupación y la violencia».
Referencia a Euskadi: el caso de CAF
Entre las empresas mencionadas en esos informes está la vasca CAF, por su participación en el tranvía ligero de Jerusalén que atraviesa territorios ocupados. Obregón ha planteado la necesidad de reflexionar sobre el papel de las instituciones vascas: «No es una decisión fácil, pero hay que garantizar que se cumple el derecho internacional».
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