La calidad del aire que se respira en Bizkaia y en el resto de Euskadi durante las cada vez más frecuentes olas de calor no es tan «buena» como reflejan los paneles institucionales. Así lo ha denunciado Pedro Luis Mier, portavoz del grupo de calidad del aire de Ekologistak Martxan en Bizkaia, quien señala que el Índice de Calidad del Aire (ICA) empleado por el Gobierno vasco se desvía deliberadamente de las directrices de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Según Mier, el visor autonómico utiliza criterios obsoletos que confunden a la ciudadanía sobre los riesgos reales para la salud.
Un «muy bueno» inexistente
El origen de la discrepancia radica en la propia escala de medición. Mientras que el modelo normalizado europeo contempla seis niveles de calificación (desde «bueno» hasta «extremadamente desfavorable»), el visor vasco se limita a de cinco categorías e introduce el concepto de «muy bueno» o oso ona. «La categoría ‘muy bueno’ no existe para la Agencia Europea. Es una invención del Gobierno vasco para maquillar los datos. No se puede utilizar un concepto acientífico para calificar el aire; no puedes decir que es ‘muy bueno’ si hay contaminación y si la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) está reconociendo que existe un problema», critica con firmeza el portavoz.
Umbrales diez veces más laxos
El desfase es especialmente alarmante en lo que respecta al dióxido de nitrógeno (NO₂), uno de los principales contaminantes precursores del ozono troposférico, el denominado «ozono malo» que se genera en las capas bajas de la atmósfera por efecto del calor y la radiación solar. «Para el índice europeo, el nivel ‘bueno’ para el NO₂ se sitúa entre los 0 y los 10 microgramos por metro cúbico (µg/m³). Sin embargo, para el Gobierno vasco, la consideración de ‘bueno’ llega hasta los 100 microgramos. Estamos hablando de permitir niveles diez veces superiores a lo recomendado en Europa bajo una etiqueta engañosa. Es una absoluta locura», detalla Mier.
El peligro invisible del ozono
Este desajuste de categorías provoca que situaciones de riesgo real pasen desapercibidas para la población expuesta, especialmente para colectivos vulnerables como niños, ancianos o personas con patologías respiratorias. Mier ejemplifica esta situación con un episodio registrado recientemente en la estación de control de la Facultad de Farmacia de Vitoria-Gasteiz, donde el ozono troposférico alcanzó los 183 µg/m³. «A partir de los 180 microgramos se supera el umbral de información obligatoria a la población y la situación pasa a ser ‘extremadamente desfavorable’ según los baremos europeos. En esos escenarios, la recomendación médica es no salir a la calle. Pero como el visor vasco no contempla esa categoría, el aviso se diluye bajo una clasificación de ‘muy malo’ que no refleja la gravedad real ni activa protocolos de restricción de tráfico eficientes», lamenta.
Presión social con resultados
Ante la falta de actualización por parte de la administración autonómica, Ekologistak Martxan ha optado por trasladar estas advertencias directamente a otras entidades locales e infraestructuras industriales del territorio. Una estrategia que ya está empezando a dar sus frutos en el tejido de Bizkaia. «Nosotros elaboramos informes con datos oficiales y contrastados. Recientemente nos dirigimos al Puerto de Bilbao, que cuenta con tres estaciones de medición propias, para comunicarles que estaban evaluando mal sus datos bajo el criterio autonómico. Tras analizarlo, el Puerto ha corregido su baremo y lo ha adaptado al europeo. Es un paso positivo que demuestra que la presión informada funciona, aunque el Gobierno vasco siga arrastrando los pies», celebra el portavoz.
Informar para proteger
Desde la organización ecologista insisten en que el objetivo de exigir una medición transparente no es alarmar a la población, sino dotarla de las herramientas necesarias para proteger su salud frente al cambio climático. «La única manera de avanzar es defender la información rigurosa y combatir los bulos ambientales. Informar de la mala calidad del aire no debe asustar. Es como el tabaco: sabemos que fumar mata, y luego cada uno decide si fuma o no, pero la información debe estar clara y disponible. Las instituciones tienen la obligación de decirnos la verdad sobre el aire que respiramos», concluye Pedro Luis Mier.
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