Ana Elena Altuna, portavoz de Ongi Etorri Errefuxiatuak, ha hecho balance del cierre de año tras la concentración de la organización el pasado 31 de diciembre en Bilbao y ha advertido de que «cuando los derechos no son para todas las personas, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios. La activista ha dicho compartir la idea de “derechos y obligaciones” para integrarse, pero ha denunciado que, a menudo, se exigen obligaciones sin garantizar derechos. Como ejemplo, ha señalado que trabajar y cotizar son obligaciones y derechos que las propias normas dificultan durante un periodo de tiempo para muchas personas migrantes.
El padrón, “un mercado” que se conoce y no se corrige
En su diagnóstico, uno de los principales cuellos de botella sigue siendo el empadronamiento. Ana Elena ha denunciado trabas muy grandes para acceder al padrón y ha asegurado que esa necesidad ha generado un “gran negocio” que las instituciones conocen. Ha recordado, además, que Eudel había aprobado regular este ámbito, pero ha lamentado que “las cosas siguen igual”.
Urgencias sociales… con cita a tres meses
La portavoz ha puesto el foco en la atención a personas sin hogar y en la respuesta municipal. Ha criticado que, en Bilbao, vivir en la calle no siempre se considera una “urgencia social” y ha relatado que para acceder al Servicio Municipal de Urgencias Sociales hay casos en los que se exige cita, con esperas mínimas de tres meses. Según ha explicado, tras esa cita puede llegar una tarjeta para comedores, mientras que la entrada a un albergue puede acabar en listas de espera de hasta un año.
Casi mil personas durmiendo en la calle
Ongi Etorri Errefuxiatuak ha resumido sus reivindicaciones con un lema directo: “padrón, techo y mantas”. Ana Elena enumera en casi mil personas durmiendo en la calle en Bilbao y alrededores, además de familias que se ven obligadas a vivir en habitaciones y pisos compartidos por la dificultad de acceder al alquiler.
Regularización y Ley de Extranjería
En la entrevista también se ha referido a la situación administrativa de muchas personas migrantes. Ha criticado que la Ley de Extranjería “homogeneiza” realidades muy distintas y ha subrayado que ahora se exige acreditar dos años para poder solicitar un permiso de trabajo. En ese contexto, ha citado el barómetro de Ikuspegi y ha afirmado que casi el 90% vería normal un proceso de regularización, recordando además que en Euskadi se han reunido casi 100.000 firmas en esa línea años atrás.
Seguridad, detenciones y “perfil racial”
Ana Elena ha cuestionado la asociación interesada entre inseguridad y migración y ha defendido que el origen no explica ni justifica un delito. Ha alertado, además, de identificaciones y detenciones por perfil racial y ha reclamado más transparencia: no solo el dato de detenciones, sino cuántas llegan a juicio y con qué resultado.
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Los que entran ilegalmente y permanecen ilegalmente no deben de tener derecho a nada…..lo contrario es incentivar saltarse la legalidad y atajos no deben consentirse para algo están las leyes……detención y deportación, violar una frontera debería ser delito