Sociedad
El pasado miércoles, los veterinarios de toda España se unieron en una serie de manifestaciones y concentraciones para protestar contra el Real Decreto 666-2023, aprobado por el Ministerio de Agricultura. Esta normativa pretende adaptar un reglamento europeo. Pero está generando una gran controversia entre los profesionales del sector, quienes consideran que pone en peligro el bienestar de los animales y limita su capacidad de actuación en consultas clínicas.
Un decreto que limita la práctica veterinaria
Nieves Soler, veterinaria clínica de animales de compañía y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia nos ha contado los principales problemas que plantea esta nueva legislación. Según Soler, el decreto impone restricciones innecesarias en la utilización de medicamentos, incluso cuando los profesionales tienen conocimiento científico de su eficacia para tratar ciertas condiciones en los animales: «Ahora mismo estamos limitados a que si un producto no pone en su prospecto que puede usarse para un tratamiento específico, no podremos utilizarlo, a pesar de que sabemos que funciona». Esta limitación dificulta el día a día de los veterinarios, que ven cómo muchos prospectos están desactualizados o no reflejan correctamente los avances científicos.
La burocracia y los antibióticos
Otro de los puntos críticos del decreto es la categorización de los antibióticos, que obliga a los veterinarios a seguir un protocolo estricto en su prescripción. Soler nos asegura que, aunque los profesionales conozcan el antibiótico adecuado para una enfermedad, se ven obligados a seguir un orden establecido por la normativa, lo que puede poner en riesgo la salud del animal: «Estamos obligados a hacer una especie de ensayo y error con los antibióticos, lo cual retrasa el tratamiento y pone en peligro a los animales«. Este protocolo ha generado gran preocupación entre los veterinarios, ya que consideran que está en contra de su criterio profesional y puede llevar a situaciones en las que los animales no reciban el tratamiento adecuado a tiempo.
El impacto en la salud pública y el IVA veterinario
Otro aspecto señalado por los veterinarios es la carga burocrática que implica la nueva legislación. Se obliga a registrar y justificar detalles minuciosos sobre el tratamiento de los animales. Soler subraya que este exceso de documentación no solo es innecesario, sino que también está desviando a los veterinarios de su principal objetivo: cuidar de la salud de los animales.
Además, el IVA al 21% en los servicios veterinarios también es un motivo de discusión. Nieves Soler recuerda que la salud animal no debe considerarse un lujo, y el elevado impuesto desincentiva a muchas personas de llevar a sus mascotas al veterinario. «El dinero es un factor que influye, y a veces las personas esperan hasta que el animal esté muy enfermo, lo que agrava la situación».
Además, los veterinarios señalan que el 60% de las enfermedades que afectan a las personas provienen de los animales, lo que hace aún más urgente una atención veterinaria adecuada. La falta de recursos para tratar correctamente estas enfermedades podría tener consecuencias graves para la salud pública.
Una profesión unida frente al decreto
Lo más sorprendente de esta protesta, según Soler, ha sido la unanimidad con la que se ha alzado la voz entre los veterinarios de distintas especialidades. Desde los clínicos hasta los que trabajan en laboratorios o la administración, todos han coincidido en que este decreto pone en riesgo su capacidad de ejercer de manera profesional: «Es un gremio que nunca ha salido a la calle, pero ahora la situación es tan grave que todos nos hemos unido». Y destaca la importancia de la movilización y de que los ciudadanos se sumen a la protesta para garantizar una atención adecuada a los animales y evitar futuros problemas de salud pública.
