La farmacéutica Sonia Saenz de Buruaga ha analizado en Radio Popular-Herri Irratia las consecuencias del decreto que regula la dispensación de medicamentos veterinarios, una medida que ha generado debate en el sector.
Receta electrónica veterinaria y control del abuso de antibióticos
El cambio normativo ha entrado en vigor de manera repentina, aunque la ley fue aprobada en 2023. Entre las modificaciones más relevantes, destaca la implantación de la receta electrónica veterinaria, similar a la existente en Osakidetza y en la medicina privada. Este sistema busca controlar el uso de antibióticos, reduciendo el abuso y evitando la aparición de bacterias resistentes.
Según ha explicado Saenz de Buruaga, la medida pretende mejorar la regulación, ya que hasta ahora, los propios veterinarios podían dispensar los fármacos. Sin embargo, estudios recientes han alertado de que el uso indiscriminado de antibióticos ha provocado un aumento de bacterias resistentes, afectando tanto a humanos como a animales.
El impacto del IVA y la escasez de medicamentos
Otro de los problemas señalados ha sido el alto precio de los medicamentos veterinarios, que cuentan con un IVA del 21%, frente al 4% que se aplica a los medicamentos de uso humano. Esta diferencia supone un mayor coste para quienes tienen animales de compañía, especialmente en tratamientos prolongados.
Además, la aplicación inmediata de la normativa ha generado problemas de desabastecimiento en las farmacias, que no estaban preparadas para asumir la demanda. No obstante, Saenz de Buruaga ha asegurado que este problema será temporal, ya que las farmacias ya están adaptando sus canales de suministro.
Los veterinarios ya no pueden vender medicamentos directamente
A partir de ahora, los veterinarios ya no podrán prescribir y vender los medicamentos directamente, salvo en casos en los que el animal esté hospitalizado o reciba tratamiento en consulta. Para el resto de prescripciones, será obligatorio acudir a la farmacia.
Este cambio ha generado debate en el sector, ya que muchos veterinarios argumentan que el nuevo sistema dificulta el acceso a los tratamientos y encarece los costes para los dueños de los animales.
Por el momento, la adaptación a la nueva normativa sigue en marcha y su impacto se evaluará en los próximos meses.
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